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Mirador Político

Doce años de antiminería

El arco que va del violento estallido de 2010 a la interrupción de los trabajos en el yacimiento Agua Rica...

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17 de abril de 2022 - 01:55

El arco que va del violento estallido de 2010 a la interrupción de los trabajos en el yacimiento Agua Rica la semana pasada muestra una clara consolidación del movimiento antiminero en Catamarca, pionera de la megaminería argentina con la explotación de Bajo La Alumbrera.

Se trata de un problema de primera magnitud en una provincia donde las fuerzas mayoritarias coinciden en postular a la minería como “política de Estado” y eje indispensable del desarrollo.

En la estela de los conflictos laborales desatados en una corporación de empresas contratistas de la litífera Galaxy, Andalgalá, aunque no tenga litio, se reactivó como corazón de la antiminería catamarqueña. La escalada allí se inició con un planteo del Concejo Deliberante por supuestas alteraciones en la calidad del agua del río Choya provocadas por las actividades de Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA), siguió con un acampe en el acceso a la zona del yacimiento y se coronó con una carta documento del intendente Eduardo Córdoba intimando a la firma a suspender los trabajos.

La expectativa por otro ciclo de los suculentos ingresos de la renta minera es el telón de fondo de este nuevo episodio del litigio, en el marco de un recrudecimiento global de la “fiebre del litio”, que incrementó el precio del mineral en más de un 400% en el transcurso de un año: de 7.300 dólares promedio la tonelada en 2020 a más de 28 mil a fines de 2021.

Una luz de esperanza en el océano de las frustraciones nacionales, cuya posibilidad de concreción comenzó a materializarse con los anuncios de inversiones privadas multimillonarias en plantas productoras de carbonato de litio que se sumaron a la aceleración de los trámites en Agua Rica desde la incorporación al emprendimiento de Minera Alumbrera y el reciclamiento de la infraestructura utilizada para explotar Bajo La Alumbrera, con la participación de YMAD.

La Provincia, ya en la gestión de Lucía Corpacci, modificó la administración de los recursos públicos provenientes de la minería con la conformación fideicomisos destinados exclusivamente financiar obras.

Los coletazos de la controversia en el oeste se hicieron sentir en este último tramo en la Legislatura con la aprobación de dos convenios celebrados entre el Gobierno y las litíferas Liex y Galaxy, por los que se pactó que las empresas pagarán el 3,5% de su facturación al Estado por todo concepto.

La oposición los rechazó y empezó a sembrar dudas sobre presuntas subfacturaciones de Livent, decana de las litíferas, en perjuicio del erario provincial.

El paradigma Andalgalá

Dudas sobre el manejo del dinero del litio disparadas desde la oposición que el Gobierno no atina a aventar, reverdecer de la grieta andalgalense respecto de Agua Rica. Las discrepancias en torno a la calidad de la licencia social que tiene la minería en Catamarca vuelven a cobrar fuerza, en un contexto nacional signado por la resistencia a la actividad en provincias como Mendoza y Chubut, cuyos gobiernos tuvieron que recular en la promoción de proyectos frente a la contundencia de las movilizaciones populares.

El escenario es complejo, pues la perspectiva que asigna a la minería un papel central para la generación de empleo de calidad y el suministro de divisas, transversal a las principales fuerzas políticas nacionales y provinciales, es interpretada por los movimientos ecologistas como complicidad con la depredación ambiental y social que atribuyen a las mineras.

En este sentido, la eficacia de los antimineros, cuya militancia es intensa y permanente, resulta directamente proporcional a la ineficacia de los promotores de la minería, que accionan de modo esporádico y reactivo, cuando cíclicamente sus antagonistas visibilizan la pelea.

En el caso específico de Catamarca, gravita además la decepcionante administración de los fondos que arrojó Bajo La Alumbrera en concepto de regalías y utilidades de YMAD: una millonada que se licuó en clientelismo y corruptelas nunca esclarecidas del todo, sin que incidiera en un mejoramiento significativo de la calidad de vida de las comunidades del oeste.

Andalgalá es paradigmática en este sentido. Los dos últimos intendentes, Alejandro Páez y el actual, Eduardo Córdoba, emergieron de la antiminería.

La última arremetida de los concejales contra MARA fue instigada por Córdoba, a quien los ediles encomendaron llevar adelante las acciones administrativas o judiciales que correspondieran. De ahí la carta documento exigiendo la suspensión de las actividades de la empresa: responde a un mandato del Concejo Deliberante.

El conflicto que divide a la sociedad andalgalense tuvo un brote violento en abril del año pasado con el ataque de grupos antimineros a las sedes de la empresa Yamana-Gold y el Partido Justicialista.

Los ambientalistas exigen ahora que se resuelva la situación de los procesados tras esa revuelta, que remitió a la del 15 de febrero de 2010, mucho más violenta, detonada por el desalojo de un piquete que cortaba el paso hacia Agua Rica. Igual que ahora.

El 9 de septiembre de 2016, el Concejo Deliberante andalgalense sancionó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en el departamento.

Si bien la Corte de Justicia la declaró inconstitucional en diciembre de 2020, el municipio apeló el fallo y sigue considerándola válida.

Consenso rengo

Es evidente que los obstáculos para la minería no pasan por lo legal, sino por defectos de legitimidad. El marco jurídico es sólido, pero la discusión se traba en lo político a pesar de las coincidencias generales que las fuerzas mayoritarias declaman.

Ocurre que el sistema institucional andalgalense se ha configurado de 2010 en adelante reflejando el afianzamiento de la antiminería, como lo demuestra, aparte de que los intendentes desde 2011 provengan de la militancia antiminera, que la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto fuera aprobada en 2016 por unanimidad y que las objeciones a los trabajos que viene desarrollando MARA no hayan tenido disidencias en el Concejo Deliberante.

Una recorrida por los archivos de los últimos doce años permite constatar que la discusión en las etapas electorales se desarrolla en sordina, en base a sobreentendidos. Notable defección: el asunto que más tensiona el campo político en el departamento surge en la agenda de campaña de los candidatos de modo tangencial, a regañadientes.

La defensa de la minería corre por cuenta de las empresas, el funcionariato provincial, los proveedores y el sindicalismo, pero ningún dirigente político expectante andalgalense la asume abiertamente por temor a los perjuicios que tal posición podría acarrearle en las urnas.

Esta timidez contrasta con la energía de los ambientalistas, refractarios a cualquier alternativa distinta a la renuncia lisa y llana a las explotaciones, en un discurso que empieza a permear hacia el litio.

La decidida retórica provincial carece de correlato en el territorio del conflicto: no hay una construcción política que dispute el campo de la opinión pública andalgalense al frente antiminero.

Sobre esta deficiencia cabalga el intendente Córdoba, que jugará su reelección el año que viene.

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