Pese a que las estadísticas indican que hay un boom de la minería en la Argentina, la actividad está cruzada por controversias y hay vastas regiones en las que no se cuenta con licencia social. Las cifras oficiales indican, por ejemplo, que las exportaciones mineras acumuladas entre enero y septiembre de este año sumaron US$ 2.859 millones y alcanzaron así el monto más alto desde 2013, cuando se registraron ventas al exterior por US$ 2.908 millones.
La licencia social es el apoyo que los emprendimientos mineros necesitan tener de la comunidad local en la que operan, o al menos de la mayoría de ella. No es un concepto que esté institucionalizado, es decir, incorporado normativamente; sin embargo su ausencia tiene la suficiente fuerza como para, frecuentemente, paralizar emprendimientos.
Las polémicas en torno a la minería suelen plantearse en términos dicotómicos, forzando, con interpretaciones sin matices, posiciones que difuminan los puntos de contacto, alentando grietas que dividen a pros y antis en discusiones estériles. Para unos la minería es fuente de progreso, actividad que genera divisas, crea puestos de trabajo y dinamiza las economías locales. Para otros es un saqueo de las riquezas naturales que no propician el progreso local y que, además, provocan una devastación del medio ambiente donde se desarrollan los emprendimientos.
Los nuevos debates no son ya tanto sobre la megaminería a cielo abierto tradicional, sino sobre el impacto de la explotación del litio en Catamarca, Salta y Jujuy. Al respecto, una investigación llevada a cabo por el periodista Ernesto Picco y desarrollada en el libro “Crónicas del litio” aporta una mirada anti dicotómica y tal vez más realista, centrándose, en algunos de los capítulos del trabajo, en la posición de las comunidades locales.
El autor, en una entrevista que concedió hace poco al portal elDiarioAr, explica que, de acuerdo con su investigación, es preciso desdeñar cierto maniqueísmo imperante. “Hay una lectura, que es muy de ONG, que pone de un lado a las comunidades originarias buenas y, por otro, a las empresas malas. Es tentador pensar a las comunidades originarias como víctimas del avance de las empresas y también lo opuesto, pero de los dos lados hay miradas diferentes e intereses en juego no declarados”, sostiene. Y añade que muchos representantes de esas comunidades lo que quieren en realidad, es, legítimamente, mayores beneficios del negocio minero.
Es útil preguntarnos si los problemas de licencia social que tiene la minería en la provincia no tienen que ver, más que con una oposición a la actividad en sí misma por la afectación del ambiente, con lo poco que dejó la experiencia de Bajo de la Alumbrera para el desarrollo local por los bajos ingresos de las regalías o por el mal uso que la política catamarqueña hizo, salvo excepciones, de los recursos obtenidos por esa vía y por la participación de la provincia en el negocio a través de YMAD.
Resulta atinado reflexionar, entonces, sin prejuicios ni tendencias extremas que anulen los grises, acerca del destino de la minería en Catamarca.