Dirigentes del Frente de Todos expresaron su contundente apoyo hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de la condena. Además, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional pidió a la Corte "que proteja el proceso democrático" del año que viene.
El ministro de Economía, Sergio Massa, fue uno de los que remarcó que la pena de inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos "busca impacto político" y tiene una "enorme precariedad jurídica". "Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica. En días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada. Toda mi solidaridad con Cristina", publicó el titular del Frente Renovador.
"Una vez más la Justicia opera para perseguir y proscribir a la compañera Cristina Kirchner. La causa es una mentira, por eso la sentencia ya estaba escrita. Como siempre, el pueblo peronista va a estar para acompañarla", publicó el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. En sintonía, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, aseguró que "no hay dudas sobre la inocencia de Cristina Kirchner, víctima de una persecución política, judicial, mediática feroz, tal como las que recibieron en su momento (Juan Domingo) Perón y Evita". "La sentencia no es más que un burdo intento de proscripción", remarcó.
La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno emitió un comunicado en el que aseguró que "esta sentencia es inescindible del proceso electoral en ciernes y que concluirá con las elecciones presidenciales de 2023". "El fallo dictado, luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, constituye un claro cercenamiento de los derechos políticos de la vicepresidenta y del electorado, que busca proscribirla políticamente de cara a las próximas elecciones", sostuvieron.
"Para ser legítimos, este proceso judicial y la sentencia debían sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara. Sin embargo, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Sólo de esa manera el Tribunal, haciendo lugar a lo solicitado por los fiscales federales que intervinieron, pudieron construir y dictar esta condena ilegítima", remarca el escrito oficial.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo consideró que "la sentencia constituye la concreción máxima del lawfare en nuestro país, como práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública". "Nos encontramos frente a un acto antirrepublicano del Poder Judicial. Ante esta situación y considerando que la sentencia tendrá un profundo impacto en la sociedad como conjunto, desde la Secretaría de Derechos Humanos reclamamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima autoridad del Poder Judicial, que proteja el proceso democrático y la legitimidad del servicio de Justicia. Está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho en nuestro país y la amenaza en contra del proceso electoral es concreta y peligrosa", sostuvieron.n
