Las palabras de un presidente nunca pasan inadvertidas. Mucho menos cuando se refieren a los capítulos más oscuros de la vida institucional de un país. Por ello, las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que en las universidades argentinas conviven “terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas y de profesores”, merecen un análisis sereno, pero también una preocupación profunda.
El problema de fondo reside en la construcción de un relato que el jefe del Estado viene sosteniendo desde hace tiempo y que consiste en presentar a sectores de la sociedad que discrepan con sus ideas como integrantes de una supuesta amenaza organizada contra la Nación.
La Argentina contemporánea no ofrece el menor indicio de la existencia de organizaciones terroristas. No existen grupos armados que desafíen al Estado ni campañas de violencia política capaces de justificar semejante caracterización. Lo que existe, en cambio, es una intensa disputa de ideas propia de toda democracia saludable.
Medio siglo atrás, las dictaduras militares del Cono Sur pretendieron construir su legitimación política precisamente sobre la existencia de un enemigo interno omnipresente. Bajo el paraguas de la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, cualquier ciudadano podía ser considerado un potencial subversivo por sus ideas, su actividad sindical, estudiantil, periodística o académica. Aquella lógica terminó justificando la suspensión de garantías constitucionales, la persecución política, las detenciones ilegales, la tortura y las desapariciones forzadas. La Argentina democrática de hoy dista enormemente de aquella realidad.
En sus intervenciones públicas, el Presidente suele invocar al pensador italiano Antonio Gramsci para sostener que existe la pretensión de algunos grupos en la Argentina de alcanzar una hegemonía cultural que debe ser derrotada. La referencia merece una precisión indispensable. Gramsci desarrolló, hace casi un siglo, una teoría acerca de la construcción de consensos culturales mediante la influencia sobre instituciones educativas, medios de comunicación y organizaciones sociales. Nunca describió ese proceso como terrorismo. Paradójicamente, aquello que Gramsci denominaba disputa por la hegemonía cultural guarda bastante más semejanza con lo que el propio oficialismo define como “batalla cultural”. La competencia por convencer a la ciudadanía mediante argumentos, producción intelectual y debate público constituye un ejercicio plenamente legítimo dentro de cualquier democracia.
En este punto aparece otra influencia intelectual que merece atención. El empresario tecnológico Peter Thiel, referente admirado por diversos sectores libertarios y figura con creciente influencia sobre dirigentes cercanos al Gobierno argentino, ha sostenido en reiteradas oportunidades que “la libertad y la democracia ya no son compatibles”.
Pese a todos estos indicios preocupantes, hay lugar para la esperanza. Durante los últimos cincuenta años, la sociedad argentina ha construido un sólido consenso democrático que atraviesa generaciones, partidos políticos e instituciones. Ese aprendizaje colectivo, nacido del trauma de la violencia política y del terrorismo de Estado, constituye probablemente el principal dique de contención frente a cualquier deriva autoritaria.n