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Proyecto aprobado en comisión

Diputados piden al Ejecutivo reglamentar la Ley de Fronteras

Tras el entredicho de la semana pasada, hubo consenso en la comisión de Legislación General para dar despacho al pedido.

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10 de agosto de 2022 - 00:15

El lunes a última hora, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución en el que instó al Gobierno de la Provincia a reglamentar y poner en marcha la Ley de Fronteras en Catamarca. Puntualmente, la resolución le solicita al Ejecutivo “que gestione ante el Gobierno Nacional la Ley 18.575 de promoción para el desarrollo de áreas de frontera”; y que “aplique lo dispuesto en la Ley Provincial 5.436”, de promoción de zona de frontera que fuera sancionada en 2015 y cuya reglamentación está demorada.

De acuerdo al reglamento interno del cuerpo, si un proyecto de resolución obtiene el acompañamiento de todos los miembros de la comisión en la que está en estudio, éste inmediatamente se aprueba sin la necesidad de bajar al recinto. En este sentido, como el proyecto recibió el visto bueno de todos los diputados de la comisión, directamente pasará al Ejecutivo para su consideración.

El proyecto fue aprobado con el acuerdo de los diputados del Frente de Todos, tras la polémica desatada por el planteo en la sesión del miércoles pasado, cuando el diputado Hugo Ávila (FAC) propuso que el cuerpo tratara en el recinto el proyecto. El pedido del legislador opositor, se justificaba en que tanto él como otros diputados del interbloque de Juntos por el Cambio se habían comprometido a avanzar con la iniciativa en oportunidad de reunirse con la denominada “Comisión de Frontera San Francisco”, en Tinogasta el viernes anterior.

El Frente de Todos, con la salvedad de Mónica Zalazar, rechazó esa alternativa con el argumento de que el proyecto (presentado en abril de este año) no había sido tratado en comisión ni se había acordado en labor parlamentaria que se tratara dentro del recinto.

El jueves hubo una manifestación de profesionales de la Salud de Belén con un fuerte repudio contra los diputados provinciales del Frente de Todos por haber rechazado el tratamiento, ya que la ley de Fronteras propone una serie de beneficios entre los que se promueve la instalación de profesiones con mejoras salariales y la entrega de viviendas para los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén y Tinogasta. En la oportunidad, los más cuestionados fueron los diputados Ramón Figueroa Castellanos y Claudia Palladino, quienes ocuparon el Ministerio de Salud.

Tras las críticas en la movilización, la diputada oficialista Natalia Ponferrada, aclaró la postura del FT y sus argumentos fueron compartidos por otros legisladores del bloque a través de sus redes sociales. “En su desmedida obsesión por sacar una ventaja política, la oposición legislativa (Cambiemos - Frente Amplio) hizo circular por las redes sociales (desde perfiles falsos, por cadenas de whatsapp armadas para la ocasión, etc.) la supuesta negativa del oficialismo a tratar un proyecto de resolución insertado abruptamente durante la última sesión, sin que pase previamente por la comisión, donde es el ámbito natural de análisis de los proyectos y sin que haya sido acordada su inserción en la reunión de Labor Parlamentaria, en la que participan todos los bloques", cuestionó la legisladora.

Comisión de Frontera

El proyecto surgió de un acuerdo con la Comisión de Frontera “San Francisco”, que se conformó en junio con una amplia representación de distintos sectores de todo el departamento Tinogasta, con la intención de llevar a cabo todos los pasos necesarios para solicitar que se reglamente la Ley Nacional 18.575, del 30 de enero de 1970, a la que la Provincia adhirió en 2015 con la ley 5.436 que nunca se llegó a reglamentar.

Los beneficios de la ley incluyen estímulos suficientes para la radicación y arraigo de población, adecuación de la infraestructura de transporte y comunicación; apoyo de carácter económico y financiero que faciliten la explotación, elaboración y transformación de los recursos naturales de las zonas; régimen diferenciado crediticio, impositivo y arancelario para instalar industria o ampliar los existentes; facilidad de acceso a la tierra y vivienda propia; asistencia técnica a la economía regional, entre otros.

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