Se trata de Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda, que denunciaron al legislador.
Fuentes judiciales confirmaron que la Cámara de Diputados de Catamarca remitió al Juzgado de Control de Garantías nº4, a cargo de Marcelo Sago, documentación que certifica la desvinculación de Daniela Solohaga, quien denunció que Galán la tenía nombrada en ese cuerpo, la hacía trabajar en el Corralón San Javier y luego la había echado.
El cuerpo legislativo también informó sobre la continuidad en el cargo de asesor Nivel II del bloque que integra Galán de Iván Luna Avellaneda, quien denunció también que el diputado los obligaba a prestar servicios en el Correalón San Javier y lo presionó para que desmintiera a Solohaga
Según relató en su denuncia, Solohaga fue designada "en los primeros días de enero" y luego fue internada por un cuadro de salud mental el 28 de marzo, fecha que resulta clave ya que denunció que al recibir el alta médica tomó conocimiento de que había sido separada de su cargo en la Legislatura.
El diputado Galán negó esto último y publicó en redes sociales un recibo de sueldo donde afirmaba que la joven seguía percibiendo su salario.
“Se ha dicho que esta persona fue dejada sin trabajo. Eso es falso. Continúa percibiendo su sueldo del Estado, como corresponde y su situación laboral es verificable”, afirmó el diputado en un comunicado.
El decreto de designación de Solohaga en la oficina de Galán está fechado el 12 de diciembre de 2025. El decreto de baja no está disponible en la web, pero la Cámara habría informado que fue dada de baja
Según indicaron fuentes judiciales, al momento de enviar el informe la Cámara de Diputados detalló que Luna Avellaneda continuaba registrado en la nómina de personal legislativo.
Este dato cobra relevancia dentro de una de las denuncias acumuladas en el expediente, que señala presuntas amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales. La línea investigativa que impulsa el juez Sago apunta a determinar si empleados pagados con fondos del Estado habrían prestado funciones en el Corralón San Javier.
Para avanzar en ese frente, el magistrado también libró un oficio a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) con el fin de establecer la situación societaria y la titularidad formal de dicho comercio.
En los próximos días se realizarán pericias sobre los teléfonos celulares de la primera denunciante y de Luna Avellaneda, que podrían aportar elementos clave para esclarecer los hechos investigados.
Asimismo, están previstas evaluaciones psicológicas para las tres mujeres que denunciaron al legislador por presuntos hechos de abuso sexual.
Hasta el momento, la causa principal que instruye Sago se inició por una denuncia de presunto abuso sexual con acceso carnal, junto con peculado de servicios y exacciones ilegales.
A ese expediente central se sumaron otras dos denuncias particulares por presunto abuso sexual simple, presentadas por mujeres que, según se indicó, no tienen ni tuvieron relación laboral con la Cámara de Diputados.
Por último, se incorporó una cuarta denuncia presentada por Luna Avellaneda, que refiere presuntas amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
Todas las denuncias se encuentran actualmente bajo investigación sumaria del mismo juez.
Galán contraataca
En medio de la ofensiva judicial, el diputado Javier Galán (MID) utilizó las redes sociales y su espacio en la Legislatura para salir al cruce de lo que calificó como una maniobra política en su contra.
El legislador denunció que el oficialismo pretende "reactivar" el pedido de desafuero de la diputada del PRO, Natalia Saseta, con el objetivo de "acomodar el escenario" antes de avanzar contra él con un eventual pedido de apartamiento del cargo.
"Necesitan mostrar equilibrio antes de avanzar contra quienes les incomodamos políticamente", sostuvo Galán, quien interpretó esa operación como una estrategia de desgaste previo a su propio desafuero.
En ese marco, el diputado reclamó que se reactive el proyecto de los diputados Tiago Puente y Baigorrí, que propone la adhesión de Catamarca a la Boleta Única de Papel conforme a la ley nacional y cuestionó lo que definió como una "doble vara" del oficialismo.
"Esa doble vara es la que la gente ya no tolera más", enfatizó.
El legislador también se defendió en términos institucionales y afirmó que sus fueros no constituyen un privilegio personal sino una garantía frente a lo que describió como intentos de silenciarlo.
"No tengo fueros por un beneficio personal, no los tengo para cometer delitos. Los tengo para que gente como ustedes no metan preso a gente como yo, que no me pueden silenciar y no me pueden comprar", declaró ante sus pares.
En el cierre de su estrategia de defensa pública, Galán recurrió a uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de Catamarca para reforzar su discurso.
Mostró fotografías del cuerpo del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, asesinado hace cuatro años sin que hasta hoy haya un culpable identificado y las utilizó como evidencia de lo que describió como una Justicia fallida y un poder político cómplice del silencio.
"Así lo encontraron a Rojitas, tirado en el patio de su casa, molido a palos. Pasaron cuatro años, díganme un nombre y un apellido culpable de este caso", interpeló Galán, en una alocución que generó tensión en el recinto.
El diputado también hizo referencia al caso María Soledad Morales y cuestionó que solo haya habido dos condenados, insinuando que el encubrimiento fue más amplio y que el poder político no tuvo voluntad de avanzar.
Previamente, el legislador había impulsado en redes sociales la creación de una comisión de seguimiento de la causa Rojas, a través de una iniciativa del diputado Hugo Ávila.
"Durante años vimos cómo muchos dirigentes del oficialismo eligieron callarse porque les convenía políticamente", había escrito el legislador en su cuenta de redes.n
