Por este hecho de violencia debió renunciar a su cargo. Ayer, a través del Decreto 1081, se oficializó su desvinculación.
La indagatoria a Diego Iván Molina, quien hasta el lunes era funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia, es inevitable. Su ex pareja Luciana Barboza lo denunció por un hecho de violencia. Desde la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género se tomaron las primeras medidas, con la Oficina de Asistencia a la Víctima y la participación de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad.
La víctima, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, había relatado sobre el hecho de violencia. Habría sucedido el miércoles de la semana pasada. Molina la habría violentado. “Lo hizo de tal manera, que estuve internada en un sanatorio de Capital. Llegó la policía, el SAME, en fin. Todo eso que se hace cuando estas cosas nos pasan”, detalló.
La denunciante indicó que por el golpe en la cabeza quedó inmovilizada. “Fue tal que al día de hoy sigo con mareos y vértigo, dolores de cabeza, sin poder alimentarme con normalidad por el golpe en la mandíbula, una contusión en la cadera. Todo está documentado, todo está denunciado”, aseguró. De acuerdo con el relato de la víctima, posiblemente Molina sea imputado por el presunto delito de “lesiones leves doblemente agravadas por haber mediado una relación de pareja y por haber sido cometido en contexto de violencia de género”. Posiblemente en las próximas horas, Molina se entregue.
Luego de haber tomado estado público la denuncia contra Molina, el martes último fue desvinculado de su cargo en el Ministerio de Salud. A través del Decreto 1081, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto 338, con fecha de 18 de abril de 2024, por el cual se había designado a Molina en el cargo de director provincial de Políticas de Prevención, Promoción y Abordaje Comunitario en Salud Mental y Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud. “Por razones de orden funcional es necesario dejar sin efecto el Decreto”, se consideró.
Por este hecho, el Ministerio de Salud intervino según lo establecido en el un Protocolo de Actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la discriminación y violencias por motivos de género en el ámbito de este ministerio. Este instrumento entró en vigencia en noviembre del año pasado, durante la gestión de la ministra de Manuela Ávila. El objetivo es promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones mediante acciones de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje integral de la violencia y acoso laboral.
En este contexto, se indicó que la idea era apartar o suspender al denunciado. Sin embargo, Molina presentó la renuncia. La idea era evitar que el denunciado y la víctima se encontraran en el ámbito laboral. Desde este gabinete se aclaró que Molina no era empleado de planta y que se desempeñaba en un cargo político. Con respecto a la denunciante, actualmente se encuentra con una licencia especial para víctimas de violencia, según lo estipulado en este protocolo.
“Se consideran hechos de violencia y acoso por motivos de género en el ámbito laboral toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta por cualquier medio tanto en el ámbito público como en el privado (dentro de las relaciones laborales) basada en una relación desigual de poder afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres y personas del grupo de diversidad sexual”, se estableció.
Además, el abordaje ante situaciones de violencia por motivos de género se regirá por algunos principios. Entre éstos, la escucha activa y empática, sin críticas ni prejuicios, y la participación en las decisiones para el diseño de una estrategia de intervención y acompañamiento; confidencialidad y respeto; no revictimización; contención y orientación y acceso a la información. “Las personas que efectúen una consulta o presenten una denuncia tienen derecho a recibir información acerca del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso”, se detalló.
En redes sociales, la noticia de la denuncia por violencia de género contra un funcionario público tuvo varias interacciones. “Muy bien el accionar del Ejecutivo que determinó el desplazamiento de quien no cumple con los códigos ni constitucionales ni de calidad humana ni de buenas prácticas”, expresó una mujer. Algunas usuarias manifestaron su acuerdo con la medida y, a la vez, se solidarizaron con la víctima. “La misma decisión se debería tomar con cada uno de los funcionarios denunciados por violencia de género”; “Me parece perfecto y así deberían hacer en todas las áreas con estos casos”, expresaron.
