El Gobierno nacional se muestra hiperactivo desde la llegada al poder impulsando medidas congruentes con el modelo económico que considera el más conveniente para lo que denomina “la reconstrucción de la Argentina”. Las primeras de ellas, anunciadas por Luis Caputo en los primeros días de gestión, provocaron una notable aceleración de la inflación, que apunta casi a triplicar la ya muy alta del mes de noviembre.
El ministro de Economía anunció, por ejemplo, una suba de la cotización del dólar oficial de alrededor del 118%. Toda devaluación, y más aún de la magnitud de la decidida, tiene un traslado casi inmediato a precios, pero además continúa impulsando los precios en las semanas venideras. La liberación de los precios regulados es otra de las medidas económicas del nuevo gobierno que ha contribuido a una aceleración del proceso inflacionario. La quita de subsidio, que por ahora ha sido muy acotada pero que se agrandará en los próximos meses, permite avizorar una expansión de la inflación más allá de los primeros meses.
El pronóstico enunciado por el propio presidente es que se viene un 2024 muy duro, con una inflación muy alta y una caída brusca de la actividad económica. Después de ganar el balotaje pero antes de asumir en el cargo, anticipó que la Argentina ingresaría en una etapa de estanflación, que técnicamente se define como un período en el que conviven un estancamiento económico y una subida de precios intensa. En rigor, lo que vivirá el país en los próximos meses no será un estancamiento sino un derrumbe del consumo y de la economía en general.
Milei promete, sin embargo, que luego de ese periodo, que puede llevar la pobreza a más del 60%, vendrá en una fecha imprecisa una etapa de recuperación, se verá la luz al final del túnel, se incrementarán las inversiones extranjeras y esto redundará en una mejora generalizada de la calidad de vida de los argentinos. Lo que se denomina efecto derrame.
La oposición tiene otra mirada. Aunque coincide en que lo que se viene es muy duro, descree que el programa ultraliberal tenga en el mediano o largo plazo efectos positivos para la sociedad general. Advierte que la recuperación de la economía, probablemente en el 2025, no será otra cosa que lo que en finanzas suele denominarse “el rebote del gato muerto” (dead cat bounce, en inglés). Es decir, una suba circunstancial pero inconsistente, basada sobre todo en la comparación con un momento muy malo. Esta mirada crítica del programa libertario señala también que aún cuando la economía empiece a crecer, si no hay políticas activas que produzcan una redistribución del ingreso progresiva, el bienestar no será sentido por la población. Desde esta perspectiva, el efecto derrame rara vez se verifica sin intervención estatal.
Las perspectivas de análisis se fundamentan en la consideración de modelos económicos teóricos muy diferentes. Una basada en la más absoluta libertad de mercado y otra que le adjudica al Estado un rol preponderante en la organización de la economía para que la sociedad sea más justa y equitativa. El debate es válido y recurrente en todos los países.
Pero más allá de estas discusiones, que se saldarán, o no, con el transcurrir del tiempo, es menester señalar que detrás de los fríos números hay personas de carne y hueso que sufren por cada una de las medidas. En las reuniones de gabinete, cuando se abordan los temas macroeconómicos, se analizan las estrategias orientadas a bajar el déficit fiscal hasta reducirlo a cero. Pero es válido preguntarse si en esos cónclaves hay conciencia de que cada vez que se decide una medida dirigida a alcanzar ese objetivo, sobre todo si es a modo de shock, el impacto lo sufren los sectores más vulnerables. Las respuestas que pueden imaginarse son inquietantes. Las planillas de Excel son incapaces de mensurar el sufrimiento de la gente.
Una consultora que tiene una perspectiva de análisis similar al del Gobierno nacional, esto es, que no puede caracterizarse como “opositora”, elaboró y publicó en los últimos días un informe respecto de las perspectivas económicas para el 2024. El estudio, elaborado por la consultora Scentia para grandes empresas, se denomina “Consumo 2023 y pronóstico 2024”. Allí se prevé que el año entrante será, a nivel de consumo masivo, el peor desde la crisis de 2001-2002, debido fundamentalmente a una inflación anual que podría superar el 300% contra el 180% de este año y un promedio de incremento de los salarios muy por debajo de aquel porcentaje.
El informe de Scentia, que también tiene un apartado para dejar constancia de las altas posibilidades de que la tensión social crezca hasta tornar insostenible políticamente el programa económico, plantea cuatro escenarios posibles. En todos ellos se registra una pronunciada caída del poder adquisitivo de los salarios, con una mayor vulnerabilidad de los ingresos de trabajadores no registrados.
El escenario más optimista pronostica una pérdida de 5 puntos en el poder adquisitivo y una caída proyectada de 0,8 por ciento en el consumo masivo.
El escenario medio más cercano al optimista vaticina una pérdida de 10 puntos en el poder adquisitivo, lo que daría una baja del consumo de 2,5.
El escenario medio más cercano al pesimista prevé una pérdida del poder adquisitivo de 20 puntos, con una baja de 6,1 en el consumo.
Finalmente el escenario más pesimista señala como posible una pérdida del 30 por ciento en el poder adquisitivo y un derrumbe del 10 en el consumo masivo.
Otra vez las frías estadísticas, que no logran dimensionar cabalmente el dolor que produce un deterioro social tan brusco. Los tecnócratas, carentes del don de la empatía, ven las cifras y, si son funcionales a la implantación de un modelo adecuado a su concepción del funcionamiento de la macroeconomía, celebran. En coyunturas de extrema gravedad como las que vive la Argentina resulta imprescindible la mediación de la política –en su función más virtuosa-, capaz de evitar que las decisiones impacten de lleno en la economía de los sectores más empobrecidos de la sociedad o al menos de atemperar sus efectos.
