El Gobierno confirmó que les dará el próximo miércoles $200.000 para paliar la espera por el fondo de desempleo.
El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a una representante de los trabajadores despedidos de TextilCom, con quien se comprometió a que la semana próxima les darán un segundo subsidio para paliar la situación económica, a la espera del desembolso del fondo de desempleo, las respectivas indemnizaciones y mientras se negocia con futuros inversores que puedan reactivar la planta. Esta vez el aporte será de $200.000.
Los despedidos de TextilCom habían encarado al Gobernador a la salida de un encuentro empresarial del que participó el jueves por la noche en un hotel céntrico y allí surgió el compromiso de que los recibiría ayer en Casa de Gobierno. Esta situación generó un malestar con otro grupo de manifestantes, los que pertenecían al Potenciar Trabajo, que también esperaban ser recibidos por el Gobernador ayer (ver aparte).
Jalil recibió en Casa de Gobierno a Vanesa Jerez, una de las despedidas de la fábrica, y también a referentes del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). Según un comunicado del Gobierno, el mandatario les manifestó “su apoyo y el respaldo del Gobierno provincial ante la compleja realidad laboral de las 130 personas despedidas por la planta textil”.
En este contexto, les anunció un aporte mensual de $200.000 para cada trabajador “que se sumará de manera independiente al fondo de desempleo que percibirán a partir de finales de junio”, y que busca “mitigar el impacto del cierre de la fábrica en la comunidad trabajadora”.
En la reunión participaron también el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Sebastián Caria; la ministra de Trabajo, Verónica Soria; y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni.
Vanesa Jerez, exempleada de TextilCom, destacó que este aporte se cobraría el próximo miércoles y recordó que días pasados habían recibido otro aporte de $100.000 cada uno. A la salida de la reunión se vivieron momentos de tensión con los exbeneficiarios de Potenciar Trabajo, a quienes les transmitió su apoyo. “Están en todo su derecho de estar enojados porque también esperaban ser recibidos. Los entiendo y los aliento a seguir luchando, porque se ve que tuvieron que llegar a situaciones extremas para que alguien los escuche”, contó Jerez.
“En la reunión que tuvimos en el hotel, el Gobernador nos dijo que no nos podían incorporar en el Estado por la emergencia económica y lo que podían hacer es seguir con las gestiones para que aparezca un nuevo inversor. Nos prometió que se iba a reunir con (el dueño de la empresa, Carlos) Vilariño para que nos paguen lo que nos adeudan”, explicó.
Gestiones
Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo confirmaron que continúan trabajando en la búsqueda de nuevos inversores para darle continuidad a la actividad de la planta. “El Estado se hace responsable de los catamarqueños que necesitan asistencia, contención y gestiones, aunque no tenga poder de decisión o injerencia en el gerenciamiento de los proyectos privados. Lo ocurrido con TextilCom no implica el fracaso de las políticas de radicación industrial y creación de puestos de trabajo, que atrajeron en los últimos años decenas de empresas y crearon puestos laborales que siguen vigentes”, aseguraron desde el Ministerio, en un comunicado que compartió Casa de Gobierno.
En declaraciones a Radio Ancasti, el ministro Sebastián Caria volvió a remarcar que hay dos empresas muy interesadas en hacerse cargo del proyecto, pero insistió en pedir prudencia porque aún restan definir cuestiones legales y técnicas. “Estamos confiados en que podremos traer buenas noticias; soy el primero que quiere llevar buenas noticias a la sociedad. No estamos ocultando nada, simplemente estoy siendo cauto. No quiero crear falsas expectativas o después salir a contradecirme, porque se cayó una propuesta”, remarcó y recordó que una de las condiciones es que el nuevo inversor contenga a todos los empleados despedidos.
El ministro fue consultado por las máquinas de la empresa, en sintonía con la propuesta legislativa de trabarles embargo para que el empresario responda por los créditos que tomó. “Las máquinas son propiedad de Carlos Vilariño y no se pueden ejecutar como garantía de los préstamos. Hay muchas cosas para afinar y veremos cómo avanzar con ese tema. En principio, no lo podemos reclamar como plantea la oposición a través de CAPRESCA. Esas cuestiones se están resolviendo por otras vías, ellos saben cómo trabajar”, explicó. Se trata de un proyecto de Hugo Ávila (FAC) que era apoyado por el resto de la oposición.