El deterioro sistemático de la red vial nacional, producto de la desinversión sostenida durante la actual gestión de gobierno nacional, tiene un correlato directo, documentado y creciente en la cantidad de argentinos que mueren cada año en la ruta.
La advertencia llegó esta semana desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional, que describió la situación actual como “un triste nivel histórico”, con un 70% de la red vial en mal estado y fue categórica al señalar que no hay provincia ni ruta nacional que escape a ese deterioro.
Más grave aún es la denuncia que los propios dirigentes gremiales formularon sobre el tratamiento de la información pública. Hablaron de un “apagón estadístico”, una maniobra deliberada para invisibilizar la magnitud real del problema. Y fueron precisos en el punto más delicado de todos, que es la relación entre la falta de mantenimiento y el aumento de la mortalidad en los caminos. “Nos quieren mostrar que no aumentaron los siniestros y se han triplicado las víctimas fatales”, advirtieron.
El presupuesto asignado a Vialidad Nacional para 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023, un ajuste que por sí solo ya alteraría cualquier plan de obras y mantenimiento razonable. Pero el deterioro no se explica solo por la reducción nominal de fondos, sino también por una subejecución superior al 50% durante los últimos dos años, es decir, con la decisión de no gastar siquiera lo poco que había sido presupuestado.
Es preciso señalar que no es cierto que el Estado carezca de herramientas de financiamiento específicas para sostener la red vial. Existe el Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo diseñado precisamente para financiar obras y mantenimiento vial, que los automovilistas y transportistas argentinos siguen pagando cada vez que cargan combustible. Ese impuesto se sigue recaudando con normalidad. Lo que no ocurre es su reinversión en el destino para el cual fue creado. El problema, en consecuencia, no es de recursos, sino de decisión política sobre a dónde van esos recursos.
Catamarca no es ajena a este proceso. Las rutas nacionales que atraviesan la provincia muestran un deterioro acelerado y el caso más elocuente es el de la Ruta Nacional 38 en el tramo de la Cuesta del Totoral, una ruta de por sí exigente por su trazado sinuoso y su geografía de montaña, lo que multiplica el riesgo para quienes la transitan a diario, incluidos transportistas de cargas que conectan al NOA con el resto del país.
Revertir este proceso no exige inventar impuestos ni asumir compromisos fiscales nuevos, sino, simplemente, que el dinero que ya se recauda con ese fin específico se destine efectivamente a las rutas argentinas. Para que eso ocurra, hace falta que el reclamo no quede circunscripto al ámbito gremial. Deben sumarse los ciudadanos que arriesgan su vida cada vez que suben a un vehículo, las empresas de transporte y logística que dependen de esa infraestructura para operar y los gobiernos provinciales y municipales, que conocen de primera mano el estado de las rutas que atraviesan sus territorios.n