jueves 24 de noviembre de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Editorial

Desigualdad institucionalizada

Finalmente fracasó el intento para que a partir del año que viene los jueces y funcionarios del Poder Judicial...

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Finalmente fracasó el intento para que a partir del año que viene los jueces y funcionarios del Poder Judicial, tanto los provinciales como los federales, paguen el Impuesto a las Ganancias, como lo paga cualquier ciudadano a partir de determinado nivel de ingresos. Seguirán, por lo tanto, sosteniendo ese privilegio, salvo los nombrados en su cargo a partir de 2017, que ya pagan el tributo.

El dictamen de mayoría que había aprobado la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja del Congreso de la Nación, establecía la eliminación del beneficio a partir del año que viene, pero la oposición, en el plenario, rechazó la iniciativa que había sido incluida en el proyecto de Presupuesto.

Los jueces quedaron exentos de pagar Ganancias a través de la Ley N° 20628, sancionada en 1973. En 1996, el Congreso sancionó la Ley 24631, que derogó las exenciones, pero la Corte Suprema de Justicia, en una actitud corporativa, declaró que no se podía aplicar tal derogación, por lo que los funcionarios de la Justicia siguieron exentos. El argumento para mantener este privilegio, muy difícil de sostener, es que el pago del Impuesto a las Ganancias atenta contra la independencia del Poder Judicial.

Que los jueces y funcionarios del Poder Judicial no paguen el Impuesto a las Ganancias le costará al Estado el año que viene casi 240.000 millones de pesos, algo así como el 0,16% del PBI. Según un estudio realizado por la organización Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, ese monto equivale a cuatro veces y más lo que el Ministerio de Desarrollo Social destina al sostenimiento de los Comedores Escolares, Comunitarios y Merenderos. O a 4,3 presupuestos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Resulta paradójico que en el mismo presupuesto donde se rechazó el mantenimiento del privilegio que tanto dinero le cuesta al Estado, se planteen recortes a áreas sensibles y de gran importancia social, como por ejemplo la Educación o algunos programas de inclusión social.

“El mismo Proyecto de Presupuesto que sugería la revisión de los gastos tributarios preveía una reducción del gasto en programas sociales clave para la garantía de derechos (como la Prestación Alimentar y la construcción de jardines, entre otros) y un aumento en las asignaciones destinadas al pago de la deuda. En un contexto en el que las discusiones públicas incluyen argumentos como la necesidad de reducir el déficit fiscal, es esencial conocer en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a garantizar derechos”, reflexionan las investigadoras Julieta Izcurdia, Malena Vivanco y María Julia Eliosoff, integrantes de la mencionada organización.

Los privilegios otorgados por ley, o por acordadas de la Corte, son una manera de formalizar, de institucionalizar la desigualdad. Si estas inequidades son chocantes en tiempos de relativa normalidad, más lo son cuando hay niveles de pobreza como los actuales, en torno al 40% desde 2018.

No habrá democracia plena mientras persistan estas prerrogativas.

Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
Continuidad. El juez federal, Miguel Ángel Contreras, apunta a que siga la investigación.

Te Puede Interesar