miércoles 25 de enero de 2023

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Cara y Cruz

Descrédito condensado

Para cerrar un año del Poder Judicial meritorio, la Cámara Penal Nº 3 suspendió hasta febrero el juicio...

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Para cerrar un año del Poder Judicial meritorio, la Cámara Penal Nº 3 suspendió hasta febrero el juicio por las compras directas de elementos para asistencialismo en al área de Acción Social denunciadas como parte de una trama de corrupción en 2004, que tiene como principales encartados al exministro de Salud Pablo Doro y al exsubsecretario de Acción Social Víctor Hugo Brandán.

De este modo, el proceso cumplirá nada menos que 18 años de deriva por los pasillos de tribunales para arribar recién a una sentencia de primera instancia. Al descartar el planteo de absolución de Brandán por vencimiento del plazo razonable para ser juzgado, el tribunal justificó este récord con la gran cantidad de recursos presentados y las distintas eventualidades que atravesó el expediente, cosa que no contradice el hecho de que cualquier pena que eventualmente se aplique a los acusados será menor al tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos que se les endilgan, y que recuperar el dinero supuestamente distraído de las cuentas públicas resulta quimérico.

Por empezar, dados precedentes dilatorios que incluyeron hasta fenómenos naturales como el COVID de uno de los jueces, no pueden descartarse nuevos artilugios leguleyos que demoren aún más la resolución del caso. Luego, debe considerarse que, de alumbrar un fallo el año próximo, sería recién de primera instancia, por lo que los procesados tendrían aún toda la vía recursiva para continuar con las gambetas.

Otros episodios judiciales que engalanaron el 2022 escamotearon el protagonismo que esta causa debería tener en la opinión pública y echaron al coyuntural olvido a la del “megafraude de las fundaciones”, también perpetrado en Acción Social, que lleva los mismos 18 años de barandilla en barandilla, dele fintas, sin que el juicio tenga vistas de concretarse.

Es una injusticia sobre otra, porque ambos expedientes apilaron sobradas virtudes para erguirse como verdaderas cumbres del arte leguleyo y la exploración de fisuras formales para escaparle a sentencias que bien podrían ser de inocencia. Merecen ese sitial, no se entiende por qué no se los otorgan ni se escriben sesudos tratados sobre ellos.

El resultado de estos extensos derroteros es que ni el Estado consigue recuperar los fondos presuntamente birlados, ni los procesados pueden sacudirse del lomo el sambenito de la sospecha, en caso de que les interese.

Lo que se instala es una sensación de impunidad que, en última instancia, estimula el saqueo. Si es posible eludir la acción de la Justicia durante veinte años ¿a qué refrenarse ante las múltiples tentaciones que ofrece el acceso a las cajas de la administración pública?

Es un problema estructural de la Justicia, porque en los 18 años que median entre la comisión de las transgresiones han pasado cuatro gestiones de Gobierno y media, la Corte de Justicia ha pasado de tres a siete miembros y se ha modificado casi toda la magistratura.

El limbo en el que permanecen las causas por corrupción en Acción Social hace juego con las relacionadas con la malversación de la renta minera, por caso, para afianzar el desprestigio del Poder Judicial por las contemplaciones que tiene hacia la política en general.

El jury abierto ayer contra el fiscal Laureano Palacios, por los errores que cometió en la instrucción de la causa por el homicidio del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, vino a impactar desde otro ángulo: es el séptimo magistrado sometido a proceso político desde 2017, el segundo en este año.

Completa el círculo el desempeño de la Justicia Federal en el expediente de las criptoestafas, donde recién a 9 meses de iniciado declaró un técnico que reveló cifras de vértigo, sus depositantes y acreedores en Adhemar Capital.

Menos mal que está la Scalonetta. De otro modo, 2022 debería recordarse como el año que condensó el descrédito judicial. n

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