Si la sociedad está atravesada por la violencia, que se manifiesta en los más variados ámbitos, es fácil inferir que también ocurre en ámbitos educativos. Los hechos de violencia en la escuela son particularmente graves, no solamente porque a ella asisten niños, niñas y adolescentes, sino también porque es una institución que tiene sus propias normas y protocolos, que deben respetarse en pos de una convivencia fraterna que facilite la tarea educativa.
Si bien se producen hechos todos los días, cada tanto ocurren algunos de inusitada gravedad. Este es el caso de lo acontecido en una escuela del sur de la ciudad Capital. La madre de una alumna golpeó a la directora, vicedirectora y asesora pedagógica del establecimiento. Según la crónica publicada por El Ancasti, a una de ellas le luxó un dedo mientras que a las otras dos las pateó y las insultó hasta que personal policial (que también fue agredido), logró reducirla y arrestarla. De inmediato se dio intervención a la fiscalía de instrucción de turno, que a la vez dio participación a la Fiscalía Penal Juvenil, debido a que también fue denunciada la alumna, hija de la agresora.
Al parecer, la madre de la alumna tenía antecedentes de agresividad, por lo que hace apenas un mes la Justicia le impuso una restricción de acercamiento hacia la madre de un alumno, a quien habría agredido afuera de la escuela.
Un elemento que hay que tener en cuenta es que en la mayoría de los casos donde se produce violencia escolar los protagonistas provienen de hogares donde existe violencia verbal y/o física. De modo que las respuestas de fondo a las problemáticas tienen un alcance social que excede largamente a los establecimientos escolares.
Sin embargo, dentro del ámbito hay mucho por hacer. En 2018 se puso en marcha en Catamarca el Observatorio de la Violencia Escolar, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo. La estructura tenía como principal objetivo contar con información sobre la problemática, a los fines de tomar decisiones correctas. Y en 2019 se aprobó por resolución ministerial el “Protocolo de actuación ante problemáticas complejas en las instituciones educativas”, una suerte de guía de orientación para que los docentes pudieran determinar estrategias a los efectos de lograr una mejor convivencia en el ámbito escolar.
Mientras funcionó, el Observatorio permitió mejorar la calidad de las respuestas institucionales ante los hechos de violencia escolar, pero lamentablemente su actividad se discontinuó con la pandemia para abandonarse. Hoy interviene, aunque con otras responsabilidades y competencias, el área de Mediación Escolar.
Sería muy conveniente que, sea cual fuere la figura institucional, se refuercen las políticas tendientes a recabar información certera sobre el fenómeno y a capacitar al personal directivo, docente y no docente para que sepan cómo actuar cuando ocurra algún episodio vinculado a la violencia escolar. Ponerle un freno es un desafío que no admite dilaciones.