La Cámara de Apelación y Exhortos rechazó un planteo en contra de la acusación fiscal y el proceso sigue su curso.
A casi cuatro años de la denuncia, la causa por los derrames cloacales en Fray Mamerto Esquiú volvió a registrar avances. Sucede que la Cámara de Apelaciones y Exhortos decidió no hacer lugar a un planteo de las denunciadas que se oponían a su imputación. De esta forma, la acusación fiscal contra ellas sigue firme y el proceso continúa en investigación.
La causa por los derrames cloacales en FME se remonta al año 2021, cuando mediante videos que se compartieron en las redes sociales se observan camiones atmosféricos de la municipalidad arrojando desechos cloacales en un canal que desemboca en la cuenca del Río del Valle. En aquel momento, las autoridades de la UCR de FME, Marita Vergara y Juan Pablo Acevedo, presentaron una denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a cargo de Facundo Barros Jorrat.
La denuncia fue contra el intendente Guillermo Ferreyra y dos de sus funcionarias: la ex secretaria de Obras Públicas Natacha Solá Vigo y la ex directora de Obras Públicas de la Municipalidad Cecilia Amaya. Actualmente, las dos denunciadas siguen siendo funcionarias en la gestión de Alejandra Benavídez. En el largo proceso intervino la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, que realizó pericias. También la Municipalidad contrató a la consultora “Own Open Work Nature” para que realice un estudio en la zona de impacto. Ambos estudios concluyeron que no hubo daño ambiental.
Sin embargo, el fiscal imputó a las dos funcionarias por incumplimiento en los deberes de funcionario público, también imputó a los empleados involucrados en el derrame y dejó afuera al intendente Ferreyra. Las exfuncionarias se opusieron al decreto de imputación. La jueza de Control de Garantías, Cecilia Mas Saadi, hizo lugar a la oposición y la causa fue a parar a la Cámara de Apelaciones. Por su parte, los denunciantes se opusieron a la decisión del fiscal de no imputar al exintendente.
El tiempo pasó y el lunes la Cámara de Apelaciones resolvió no hacer lugar al planteo de las imputadas considerando que el recurso de apelación otorgado por la jueza fue mal concedido.
El Tribunal declaró "erróneamente concedido" el recurso de apelación y fundamentó su decisión señalando que "el Recurso de Apelación procederá tan sólo contra las resoluciones de los Jueces de Control de Garantías, siempre que expresamente sean declaradas apelables o causen gravamen irreparable". Los magistrados determinaron que la resolución atacada "no está captada como objeto impugnable de acuerdo al catálogo legal de forma". El fallo también indica que "el decreto de determinación del hecho, por su naturaleza mutable, su carácter provisorio y su estadio conviccional incipiente, no es pasible de ser atacado por vía de oposición y, menos aún, apelativa".
La defensa argumentó que existía un "perjuicio grave e irreparable" que justificaba la apelación, pero el tribunal consideró que no se demostró suficientemente ese gravamen. Las actuaciones fueron devueltas al Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación para continuar con el trámite.
