El abogado del foro local Sebastián Ibáñez fue denunciado ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. La denuncia fue presentada por el fiscal de Novena Nominación, Jonathan Felsztyna, tras públicas declaraciones del letrado. Ibáñez es el abogado que representa a la querella en las dos causas por abuso sexual contra el sacerdote Eduardo López Márquez.
La primera denuncia se realizó en diciembre de 2021, fue tramitada en la Sexta Circunscripción Judicial, en La Paz. El religioso fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto y corrupción de menores agravado por la edad de la víctima”, “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto” y “corrupción de menores agravado por la edad de la víctima”, “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de guarda y por ser cometido por ministro de un culto” y corrupción de menores”. A finales de septiembre, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos confirmó la elevación a juicio. En marzo último, se presentó una segunda denuncia. Ésta recaló en la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación, a cargo de Felsztyna. En septiembre, el fiscal había resuelto pedir el archivo de esta segunda contra el cura, por considerar que los hechos están prescriptos.
No obstante, su planteo fue rechazado por el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación Lucas Vaccaroni. Desde esta Fiscalía de Instrucción se presentó un recurso de apelación contra la resolución del citado Juzgado de Control de Garantías. Según se precisó, se objetó “la ausencia de motivación y fundamentación que debe observarse en toda resolución judicial”. Además, se detalló que el punto central de la impugnación consiste “en cuestionar que el magistrado envía nuevamente la causa a la Fiscalía de Novena Nominación, cuando la legislación procesal indica que en estos casos debe girarse el expediente a otra Fiscalía para que continúe la investigación”. Al no hacerse lugar a un pedido de archivo, la causa es remitida a otra Fiscalía a efectos de garantizar la objetiva en el proceso de investigación. El pedido de archivo se lo considera como un adelanto de opinión.
Ante esta situación, el abogado querellante públicamente expresó que el representante del Ministerio Público Fiscal está “conchabado con la curia pederasta”. A la vez, aseguró que el fiscal no avisó "a sus superiores de inmediato. Provocó un quiebre en el Ministerio Público. El fiscal transgredió sus funciones y por ello el fiscal General y el procurador lo iban a sancionar. Nosotros también vamos a evaluar qué sanción pedimos para el fiscal más allá de la que le van a aplicar sus superiores inmediatos. Con esto –en referencia a la apelación- el fiscal deja a las claras, que está conchabado con la curia pederasta", manifestó.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el fiscal Felsztyna presentó la denuncia contra el abogado Ibáñez, tras las declaraciones efectuadas. Según se indicó, sus expresiones habrían resultado poco acertadas y en contra del libre ejercicio de la abogacía. Por ello, Felsztyna lo denunció por “calumnias” e “injurias”, ante la posible conducta impropia de un abogado.
En este sentido, se advirtió que el fiscal había avisado a sus superiores en tiempo y forma, con una semana de antelación. Además, con relación a la prescripción de abusos sexuales en la infancia –se habían imputado dos hechos en esta causa-, en el marco de un recurso de casación, cuando al procurador General Tristán Lobo se le corrió vista, con relación al segundo hecho imputado se advirtió que el último acto de interrupción del plazo de prescripción data del 26 de mayo de 2011. Por ello, el procurador Lobo consideró que como “el delito atribuido tiene prevista como pena máxima la de 20 años de prisión; la prescripción operaría a los 12 años; esto es, el 26 de mayo de 2023”.
Si bien el Colegio de Abogados de Catamarca cuenta con un Tribunal de Ética, ante las recientes elecciones, en breve habrá cambios. Actualmente y hasta el 26 de octubre, este Tribunal de Ética está integrado por los abogados María Antonia Rojo, Alejandra Sauzuk, Eduardo Codevilla y María Marta Kolarec. A partir del 16, estará conformado por María José Jaimes Fara, Adrián Exequiel Cordera, Mauricio Mettola y Sauzuk continuará una gestión más.
En agosto de 2020, Sebastián Ibáñez, junto con un colega, fue imputado por una supuesta “falsificación” de una cédula de notificación de una Fiscalía de Instrucción para presionar a un cliente con la finalidad de que pagara una suma de dinero. Ambos abogados fueron imputados por el delito de "estafa en grado de tentativa". Su colega en calidad de autor e Ibáñez, como partícipe necesario.
La causa se inició en julio del 2017 y tuvo como damnificada a la madre de un hombre detenido por un abuso sexual. El caso era investigado por el exfiscal de Instrucción de Séptima Nominación, Miguel Mauvecín, quien tomó conocimiento de que los abogados habían solicitado dinero a la madre del imputado y que le aseguraban que tenían influencia en el fiscal del caso. También le habrían manifestado a la mujer que Mauvecín les había expresado que efectuaran un pedido de caución. Por tal motivo le exigían la entrega de $10.000. La madre del detenido informó de lo ocurrido a la Fiscalía.
El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados está integrado por los abogados María Antonia Rojo, Alejandra Sauzuk, Eduardo Codevilla y María Marta Kolarec.
A partir del 26 de este mes, estará conformado por María José Jaimes Fara, Adrián Exequiel Cordera, Mauricio Mettola y Sauzuk continuará una gestión más.
El pasado 11 de octubre hubo elecciones en el Colegio de Abogados.