La Justicia federal investiga un escándalo en el Ministerio de Defensa, tras la denuncia contra militares vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), presuntamente por usar en forma personal fondos destinados a viáticos y desviar a beneficio propio dinero de racionamiento, que tiene como fin proveer de alimentación a civiles y miembros de las Fuerzas.
La presentación penal, que quedó a cargo del Juzgado Federal nº2 de Sebastián Ramos, incluye también posibles acusaciones por espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio, con el objetivo de favorecer a firmas alemanas que mediante presuntos métodos extorsivos puedan quedarse con el negocio del mineral y ejercer un monopolio en el norte del país y en la nación del altiplano. La causa, generada tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, está caratulada como presunta "defraudación pública al Estado", "malversación de fondos públicos", "abuso de poder" e "inteligencia clandestina".
El primero de los denunciados es Francisco Javier Moliterno, quien fue designado director de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández y ahora tiene un cargo menor pero con mucho poder, ya que algunos dicen que "opera tras las sombras". Los otros posibles involucrados son el exdirector de Inteligencia Nacional Carlos Molina y el actual director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla.
Todos estos miembros forman todavía parte de esa dirección. Según consta en la presentación, estos militares "habrían comenzado desde el Gobierno anterior presuntamente a apropiarse de fondos públicos y reservados de la DNIEM continuando con este accionar en la gestión actual", de Luis Petri.
