Piden investigar si se cumplieron los requisitos ambientales previstos por la legislación en Campo de Piedra Pómez y Laguna Purulla, en Antofagasta de la Sierra.
Una denuncia penal presentada contra las autoridades directivas y funcionarios de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) pidió investigar el presunto otorgamiento de derechos de exploración minera en Campo de Piedra Pómez y Laguna Purulla, en Antofagasta de la Sierra, y determinar si se cumplieron las exigencias ambientales previstas por la legislación.
La presentación fue realizada por María Luisa Bustos ante la Fiscalía General en lo Penal y alcanza también a quienes pudieran resultar responsables. Además, solicita incorporar los expedientes administrativos vinculados con las áreas cuestionadas.
La denunciante sostiene que las zonas están comprendidas dentro del Área Natural Protegida creada por la Ley Provincial 5070 y afirma que los funcionarios intervinientes conocían las restricciones vigentes al avanzar con los actos administrativos. Trazó una posible violación de los deberes de la función pública y de normas ambientales.
Bustos pidió al Ministerio de Minería, a CAMYEN, al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y a la autoridad ambiental que informen qué concesiones están vigentes, sus titulares, qué estudios de impacto ambiental fueron presentados, qué autorizaciones se otorgaron y si hubo instancias de participación. También solicitó al Juzgado de Minas y al organismo ambiental copias certificadas de los expedientes administrativos.
La discusión se vincula con el régimen de protección de Campo de Piedra Pómez, Volcán Blanco y Laguna Purulla. En 2012, durante la gestión de Lucía Corpacci, el Gobierno provincial formalizó la creación del Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez e incorporó esos sectores al esquema de protección. La medida fue presentada entonces como una herramienta para conservar los recursos naturales, ordenar el turismo, evitar la extracción no regulada y establecer condiciones para su uso.
Según la normativa citada en la denuncia, el aprovechamiento de recursos dentro de áreas protegidas debe ajustarse a condiciones específicas, entre ellas la evaluación de impacto ambiental y la intervención previa de la autoridad competente.
En ese escenario aparecen distintos proyectos y actividades mineras en la zona. En Laguna Purulla se encuentra el proyecto de exploración de litio Campo Blanco, asociado a CAMYEN y World Metals Alloys (WMA). El área de intervención se ubica en los bordes de la laguna, señalada por su importancia como hábitat de nidificación de la parina grande o flamenco andino. La denuncia plantea determinar qué permisos, estudios ambientales y autorizaciones respaldan las tareas de exploración.
En el entorno de Carachi Pampa también se desarrolla el proyecto de litio Kachi, del Morena del Valle Minerals, subsidiaria de Lake Resources. Pobladores y prestadores turísticos han expresado preocupación por el tránsito de camiones, el ruido de las perforaciones y efectos sobre aguas subterráneas.
Cerca de Campo de Piedra Pómez existen además antecedentes de extracción de minerales no metalíferos, entre ellos diatomita o puloy. Guías y vecinos señalaron impactos por residuos, circulación y alteraciones del paisaje, mientras que los explotadores sostienen derechos previos.
El planteo de la denuncia busca establecer si los derechos de exploración cuestionados fueron otorgados de acuerdo con el régimen aplicable y si se cumplieron las instancias ambientales exigidas.
La investigación deberá también determinar qué instrumentos se utilizaron, quiénes intervinieron, qué informes respaldaron las decisiones y si hubo autorizaciones ambientales previas. Bustos pidió que la Fiscalía ordene las medidas solicitadas e incorpore antecedentes de la empresa. Esas diligencias permitirán establecer si hubo irregularidades y, en caso de corresponder, si las conductas pueden encuadrarse en alguno de los delitos denunciados.
