El diputado provincial por La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, expresó su rechazo a la ordenanza aprobada en octubre del año pasado por el Concejo Deliberante de Pomán, que establece la creación de un área protegida de 41.596 hectáreas. En sus redes sociales, Brizuela calificó la medida como un “atropello” a los derechos de propiedad privada de los legítimos dueños de esas tierras.
En sus redes sociales, Brizuela se refirió al contexto de esta decisión: “¡Exprópiese! El sistema feudal que gobierna Catamarca desde hace décadas tiene en su base piramidal de poder a los intendentes que gobiernan sus municipios como verdaderos patrones de estancia”.
“Los vecinos de Pomán se enteraron de la creación de esta reserva por las redes sociales, lo que evidencia una falta de diálogo e inclusión en el proceso”, agregó.
También arremetió contra el intendente de Pomán, Francisco Gordillo, a quien acusó de perpetuarse en el poder durante 28 años y de cometer múltiples irregularidades. “Ya fue noticia cuando durante la pandemia decidió crear 'aduanas internas' para que los productores locales no pudieran sacar su producción sin pagar tributos al municipio”, indicó.
El legislador enfatizó que el proyecto de área protegida no solo carece de apoyo popular, sino que también fue debatido anteriormente en la Legislatura provincial sin alcanzar los consensos necesarios para su aprobación.
Finalmente, concluyó su mensaje remarcando su defensa de los derechos de los propietarios legítimos: “Esta ordenanza es nula de nulidad absoluta desde su origen. Ni el intendente ni sus laderos en el Concejo Deliberante están por encima de la ley. Vamos a defender los derechos de los legítimos propietarios en las instancias que sean necesarias”.
La ordenanza municipal 18/2024, aprobada por el Concejo Deliberante de Pomán en octubre de 2024, establece la creación de un área protegida cuyo objetivo principal es de conservar la biodiversidad y el patrimonio cultural e histórico de la región. Sin embargo, esta medida desató un conflicto con los propietarios de las tierras incluidas en la zona designada, quienes denuncian que se enteraron de la aprobación de la ordenanza a través de las redes sociales y la consideran “inconstitucional, confiscatoria y ilegal". Como respuesta a esto, presentaron una solicitud al Concejo Deliberante para que se derogue esta ordenanza, evidenciando la tensión entre el interés público en la conservación ambiental y los derechos de los propietarios privados.
