La Cámara de Senadores aprobó ayer la iniciativa del diputado Gustavo Aguirre por la que se promueve crear el Plan Provincial de Uso Racional y Eficiente de la Energía en el ámbito de la Administración Pública y en los espacios públicos ubicados en el territorio provincial.
El proyecto se demoró dos años en la Cámara de Senadores y como se venció el plazo debe regresar ahora a la Cámara de Diputados en función del artículo 122 de la Constitución Provincial.
La iniciativa fue presentada en agosto de 2022 por Gustavo Aguirre. Obtuvo media sanción en septiembre de ese año. Fue girada al Senado y como se venció el plazo para su tratamiento debe regresar a la Cámara baja, lo que obstaculizó la posibilidad de convertirse en ley.
La iniciativa tiene una finalidad que puede valorarse como positiva si se evalúa el costo que hoy tiene la energía.
En efecto, la iniciativa tiene como objetivo promover el ahorro de energía en los edificios de la administración pública y espacios públicos hasta alcanzar estándares de consumo racional, sustentable y necesario para prestar un servicio de calidad a la comunidad.
En ese marco promueve la creación de un plan a nivel provincial de uso racional y eficiente de la energía en los edificios públicos de la administración pública.
Entre propuestas a aplicar aparecen: la prohibición de mantener encendida la iluminación del alumbrado público fuera de los horarios exigidos por la autoridad de aplicación, la regulación de la temperatura de refrigeración de los equipos de aire acondicionado en 24°C en todos los edificios públicos, el apagado de las luces ornamentales en todos los edificios y dependencias de la administración pública a las 00:00 horas, siguiendo una normativa vigente a nivel nacional, establecer metas anuales de ahorro energético con indicadores de medición objetivos y cuantificables, realizar la limpieza de los edificios mediando luz natural y realizar campañas de concientización e información para el personal de la administración pública y el resto de la comunidad. También propone establecer metas anuales de ahorro energético con indicadores de medición, objetivos y cuantificables; emitir Certificados de Eficiencia Energética a los organismos y oficinas que alcancen las metas establecidas; asignar a agentes y/o funcionarios de cada organismo y oficinas la tarea de administrador energético, entre otras.
"Resulta necesario y conveniente que el sector público asuma una función ejemplificadora ante el resto de la sociedad, implementando medidas orientadas a optimizar el desempeño energético en sus instalaciones, es necesario que se adopten medidas de ahorro y gestión eficiente en el sector público, señala entre sus fundamentos el proyecto que tuvo como miembro informante a la senadora Soledad Blas.
