sábado 15 de junio de 2024
Editorial

Del uso criminal al uso social

Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de un innovador proyecto de ley que tiene como propósito central administrar con sentido social y eficiencia los bienes que la Justicia le decomisó al crimen organizado en actividades como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero o contrabando. La iniciativa es impulsada por legisladores de los distintos bloques que conforman la Cámara baja, por lo que se descuenta su aprobación, pero también, externamente, por la asociación Libera, la organización civil más importante de Italia en la lucha contra las mafias y el crimen organizado.

De aprobarse esta ley, que tiene un alto reconocimiento de la comunidad jurídica internacional, Argentina se convertiría en el segundo país en contar con una herramienta de estas características. El único hasta el momento es Italia, que posee una Agencia Nacional de Recuperación de Bienes que recaudó más de 4 billones de euros desde su creación. Los bienes que habitualmente se le incautan a las poderosas bandas delictivas son propiedades inmobiliarias, embarcaciones, aeronaves, automóviles y activos. Una cantidad importante de bienes restituidos son administrados ahora en el país europeo por cooperativas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil, que le dan a estos recursos un sentido social, en las antípodas de la finalidad que tenían originalmente, cuando pertenecían al crimen organizado.

Hasta ahora rige en Argentina la Ley N° 20785 del año 1974, que autoriza el atesoramiento de bienes hasta su decomiso sin ningún tipo de finalidad reparativa. Por su parte, el artículo 23° del Código Penal contempla como consecuencia accesoria de la condena el decomiso, que implica para el condenado la pérdida de los instrumentos del delito y de los efectos que de éste provienen.

La nueva norma plantea, como en el caso italiano, la creación de una Agencia, que estará integrada por los tres poderes del Estado y un representante de las organizaciones de la sociedad civil.

El desafío no es solamente aprobar la norma en nuestro país, sino también poder lograr que la ciudadanía entienda el valor cultural de darle un uso social a bienes resultantes de la actividad criminal. Lo explica con claridad Tatiana Giannone, encargada del área de bienes incautados al crimen organizado en la organización social Libera: “Creo que el primer desafío es demostrar que los lugares que pertenecían al crimen organizado pueden cambiar y convertirse en formas de economía legal porque pueden generar empleos, trabajo genuino, entidades que pagan impuestos y pagan contratos legales de trabajo. Entonces, creo que el primer desafío fuerte es éste porque incluso los ciudadanos que no están involucrados y que no están en las asociaciones, que tienen una vida alejada del compromiso social, cuando ven que un edificio que fue de un narco se convierte en una casa de la hospitalidad, una empresa se convierte en una cooperativa de trabajo en la que la gente puede prosperar, entonces la percepción que uno tiene del crimen organizado también cambia porque uno realmente puede ver las ventajas de lo que supone activar una lucha contra las mafias y la corrupción”.

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