lunes 26 de febrero de 2024
Cara y Cruz

Del conflicto a la crisis

El conflicto de poderes que enfrenta a la Justicia con el Gobierno y la Legislatura carece de precedentes y, por lo tanto, no existe una hoja de ruta que ayude a orientar su resolución sin traumas institucionales.

La presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, rechazó ayer la posibilidad de que el tribunal, en su condición de patronal de los empleados judiciales, pida una conciliación obligatoria para suspender las medidas de fuerza que restringen la prestación del servicio de justicia.

La alternativa había sido planteada por el Colegio de Abogados en una nota cargada de inusuales críticas a la propia Corte, jueces y magistrados por su enfático respaldo al paro parcial de los judiciales, que incluyó discursos de los miembros de la Corte en una manifestación y la participación de jueces y fiscales a la cabeza de las marchas de protesta. La patronal acaudilla la protesta de sus empleados en contra del Gobierno y la Legislatura.

Se trata de una situación insólita. Es como si el Gobierno y sus funcionarios hicieran paro junto con los agentes estatales, o los legisladores con los legislativos.

El detonante de la controversia fue el agotamiento de las partidas presupuestarias del Poder Judicial a raíz de un aumento del 13,5% otorgado por la Corte que coloca a los judiciales más de 30 puntos por encima del resto de la administración pública. Es decir: el Poder Judicial aplicó una escala de incrementos distinta a las aplicadas por el Ejecutivo y el Legislativo y se apartó de la pauta presupuestaria general.

La Corte completó para pagar el aumento de noviembre con recursos propios, pero tendrá severas dificultades para abonar el aguinaldo y los sueldos de diciembre. Le reclama al Gobierno el dinero extra necesario y el Gobierno se resiste a dárselo. La caja judicial quedó seca.

Rosales Andreotti dijo ayer que para pagar noviembre tuvieron que poner unos 1.000 millones de pesos encima de la partida que les envió el Ejecutivo.

La discusión se degradó con el Gobierno y la Corte tirándose los recibos de sueldo por la cabeza y agresiones personales desparramadas en público y en privado, pero el nudo de la polémica es que el Poder Judicial administra con criterios distintos a los del Gobierno y la Legislatura.

Esta divergencia es inconveniente porque es el Gobierno el que financia los presupuestos de los otros dos poderes. Al no haber criterio unánime para la administración, es indefectible que se produzcan desfasajes que obligan a cíclicas renegociaciones. La virulencia que estas tratativas alcanzan ahora obedece a que los ingresos de la Provincia han caído abruptamente y las perspectivas es que la merma se consolide, perjuicio que se agrava por el impacto de la inflación desbocada.

El conflicto es de orden político, no sindical.

El sistema judicial se ha rebelado contra las decisiones tomadas por el Gobierno y la Legislatura: uno de los poderes del Estado se niega a acatar las decisiones de los otros dos. La reducción del 30% del Presupuesto que la Corte propuso –alrededor de $21 mil millones- fue aprobada prácticamente por unanimidad en la Legislatura. Solo el diputado Hugo Ávila se pronunció en contra. Vale decir que la poda tiene una legitimidad política inobjetable, más allá de las razones que la Justicia esgrima.

Si al Gobierno y los legisladores puede reprochárseles que no den a la Justicia la prioridad que se merece, no es menos cierto que la Corte otorgó un aumento sin tener asegurados los fondos para pagarlo o, lo que es lo mismo, se cargó encima un déficit sin prever el modo de financiarlo.

El caso es que el conflicto es insalvable si las partes no llegan a un acuerdo, lo cual implica, dada la importancia que tiene el servicio de justicia, un desafío a la sensatez de los contendientes. Es improbable que algo bueno surja de la encarnizada intransigencia a la que se asiste, que paulatinamente va embudando el conflicto hacia una crisis institucional de consecuencias imprevisibles.

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