La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de las defensas y dejó firme la condena dictada contra la banda de Marco Estrada González, alias “Marcos”, señalado como el líder de una de las más poderosas redes de narcotráfico de la Villa 1-11-14. Entre los condenados a 18 años de cárcel está Silvana Salazar, pareja de Marco, quien fue deportado a su país, Perú, en junio pasado.
La decisión fue dictada en un fallo de más de 300 páginas por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes confirmaron por unanimidad la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3, mediante la cual se condenó a un total de 36 personas. Cinco de ellas 5 ya habían sido condenadas por otros hechos similares.
A Silvana Alejandra Salazar, pareja de Marco Antonio Estrada González, se la señaló como líder de la banda y se le confirmó la pena única de 18 años de prisión por considerarla coautora penalmente responsable de una organización destinada al tráfico ilícito de sustancia estupefaciente, en su modalidad de comercio, y coautora del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones ambos en concurso real entre sí.
El juicio, que llevaron adelante los jueces Javier Ríos, Fernando Machado Pelloni y Andrés Basso entre junio y noviembre de 2020, tuvo como principal protagonista a Estrada González, probablemente el más importante de la historia del tráfico de drogas en Capital Federal, pero también a otros 50 imputados.
Los camaristas Hornos, Carbajo y Borinsky desestimaron múltiples planteos de nulidad formulados por las defensas de los imputados, cuestionamientos sobre la forma en que se valoró la prueba reunida en el caso y sobre el juicio de autoría y responsabilidad penal decidido en el caso, críticas contra las calificaciones legales decididas en la sentencia y agravios contra el juicio de mensuración punitiva.
Con el voto de Hornos, quien lideró el acuerdo, el fallo señaló “la importancia de que la administración de justicia, como integrante del Estado argentino, maximice sus esfuerzos en cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de persecución y sanción a las personas que intervienen en la cadena de narcotráfico, por los notorios perjuicios a la salud pública que éstos generan”.
Este fallo confirmó condenas por diferentes delitos: organización de actividades de narcotráfico (art. 7 de la Ley 23.737), acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones (art. 189 bis, inciso 1, tercer párrafo, e inciso 3, del Código Penal), tráfico de estupefacientes en la modalidad comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada (art. 5° “c” y 11° “c” de la Ley 23.737), falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas (art. 292, segundo párrafo, del Código Penal), tenencia ilegítima de arma de guerra (art. 189 bis, inciso 2, segundo párrafo del Código Penal), tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inciso 2, primer párrafo, del Código Penal) y desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones (art. 239 del Código Penal).