La imputación por el crimen del exministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas de Silvina Nieva no ha conseguido aventar las dudas que impregnan el caso y propician todo tipo de conjeturas, entre ellas políticas.
Nieva trabaja en el sindicato de gastronómicos, que Rojas comandaba, y también era empleada doméstica del malogrado exministro, con quien mantenía una relación. De ahí que se le endilgue homicidio doblemente calificado, por el vínculo y la alevosía. Para la Fiscalía, mató a Rojas a traición.
Tamaña calificación, aplicada el sábado, induce a pensar que los fiscales tienen pruebas contundentes, pero el abogado de la mujer, Gabriel Díaz, dijo que no hay ningún elemento que la incrimine y que, dada la estrecha relación que tenía con Rojas, está muy afectada por la muerte.
“Es totalmente inocente”, aseguró.
Como rige el secreto de sumario, el fiscal Laureano Palacios no informó sobre las pruebas que lo llevaron a endilgarle un delito para el cual la única pena prevista es cadena perpetua, pero hay un detalle a considerar: si no la imputaba, debía dejarla en libertad.
El expediente cobró inusitada temperatura debido a los defectos de origen de la instrucción.
El cuerpo de Rojas fue encontrado por uno de sus hijos el domingo a la mañana, y la jornada terminó, al menos para el público, con la certeza de que se trataba de una muerte por causas naturales. Esta versión se afirmó porque se había ordenado una autopsia.
En ámbitos de la política, sin embargo, ya circulaba la hipótesis de que en realidad se había tratado de un crimen, y Luis Barrionuevo la hizo estallar el lunes por la mañana: “A Rojitas lo mataron”, y Palacios ordenó hacer una segunda autopsia cuando el exministro ya estaba a punto de ser cremado.
Palacios dijo que recién le llegó el informe de la primera autopsia el lunes al mediodía, y que ordenó hacer la segunda porque los resultados no eran concluyentes. Pero Barrionuevo hizo las declaraciones que sacudieron el tablero antes del mediodía, de modo que, o tenía mejor información que el fiscal, o presentó sus presunciones como certezas.
Quedan abiertos varios interrogantes. El principal es si en efecto la primera autopsia no era concluyente, o Palacios mandó a hacer la autopsia adicional para tratar de enderezar un expediente que había empezado chanfleado por su culpa.
La cuestión es que recién 24 horas después del hallazgo del cadáver se tomó dimensión de la proyección política del hecho: en Catamarca fue asesinado un ministro. Para encontrar registros de un crimen similar hay que remontarse a la ejecución a manos del rosismo del gobernador José Cubas, en 1836.
Silvina Nieva iba a ser indagada el viernes, pero la audiencia se difirió para el sábado porque cambió de abogado. Ayer se iba a hacer la audiencia de control de detención, pero se prorrogó para hoy porque el defensor no había accedido al expediente.
Es una instancia clave. El juez de Garantías debe determinar si existen elementos suficientes para mantener presa a la imputada
Palacios tiene muy pocas horas de vuelo, prácticamente debuta con semejante causa. Por eso el fiscal Alejandro Dalla Lasta Baroni decidió que lo asistan sus colegas Hugo Costilla y Alejandro Gober, que son más experimentados. Esto implica una apuesta fuerte del Ministerio Público Fiscal para cubrir a Palacios.
Mientras, los hijos de Rojas pidieron cautela para no contaminar la investigación. Sin embargo, dijeron comprender “la incertidumbre de aquellos que no encuentran respuestas ante tantas dudas, tanta impericia”.
Si la familia de un exministro se queja por la impericia judicial, ¿qué pueden esperar los ciudadanos rasos?n