El intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, fue finalmente indagado e imputado por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual. Más de un año después de que lo denunciaran, plazo que llama la atención cuando otros sujetos, por mucho menos, son inmediatamente detenidos y deben aguardar presos a que los abogados desplieguen sus habilidades para acceder a la libertad ambulatoria hasta la instancia del juicio, si es que se las conceden. Una situación similar a la de sacerdotes incriminados por las mismas conductas, que confirma esto de que todos son iguales ante la ley, aunque para la Justicia suele haber algunos más iguales que otros.
Antes de que le pintaran los dedos, el jefe comunal consideró que las denuncias en su contra se enmarcan en un complot de sus enemigos políticos, que frustrados en sus intentonas de batirlo en las urnas recurren al expediente judicial con un delito infamante, aprovechando los “celos” de la denunciante, quien debió costearse a la Capital para que le dieran bolilla porque en Santa Rosa nadie quería asumir el riesgo de recibirle la declaración.
El argumento de las conspiraciones es una constante en políticos con inconvenientes en tribunales, pero en este caso habría tal vez que interrogarse sobre la habilidad de los conjurados, ya que Guaraz es objeto de denuncias desde el inicio de su controvertida gestión, hace ya 15 años.
Abuso de autoridad, malversación, usurpación de tierras, cortes de ruta, peajes y otras exacciones ilícitas, organización de eventos multitudinarios en flagrante contradicción a disposiciones sanitarias, extraños robos perpetrados contra ganadores de sus célebres cuadreras, destrucción de documentos públicos, matonismo, enfrentamientos con la Policía, violación de las normas de tránsito. Un verdadero polirrubro de las transgresiones legales, que viene zafando al amparo de sectores del poder político.
Si alguna evidencia de conspiración existe, debe rastrearse antes en su prolongada impunidad que en este último episodio, en el que las demoras en encartarlo resultan más curiosas que su indagatoria.
En lo que concierne a sus vínculos con las mujeres, hay todavía una denuncia pendiente de resolución de otra joven a la que habría acosado y coaccionado por razones sexuales.
Las diferentes varas que utiliza el Poder Judicial para evaluar acciones idénticas se hacen más evidentes con Guaraz, sobre todo si se considera el caso del ex intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique del Carmen Aybar, condenado por abuso sexual tras un enmarañado proceso que se extendió durante siete años.
Mientras engordaba el expediente, Aybar fue reelecto intendente nada menos que dos veces, pese a los reclamos de agrupaciones de mujeres de su propio partido que marcaban lo inconveniente de postular candidatos bajo sospecha de abuso.
En el interregno, sumó otras tres acusaciones por el mismo delito y hubo sobradas muestras de que utilizó su poder para presionar a las víctimas y dilatar la causa.
Los precedentes de Guaraz, cuya celebridad es muy superior a la que tenía el belicho y que, por supuesto, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, deberían inducir disposiciones preventivas para evitar que siga el mismo rumbo que su antecesor. Ya que estuviera un año con la imputación pendiente y en condiciones de maniobrar desde la Intendencia parece imprudente, qué decir ahora que lo prontuariaron.
No sería extraño que movilice acólitos en caso de llegar a juicio, cosa que es improbable que ocurra antes de las elecciones del año que viene.
¿Se presentará a la reelección, como hacía Aybar? En tal caso ¿qué hará el peronismo, en particular la militancia de género? Es un gran interrogante que no se responderá con las manifestaciones aisladas de algunas referentes, por encumbradas que sean.
Por lo pronto, las manifestaciones del oficialismo sobre la situación del santarroseño no han sido demasiado enfáticas.n
