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Víctima del estado y la burocracia

Cuatro años sin respuestas

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21 de junio de 2022 - 01:00

El 11 de mayo de 2018, al no tener respuestas por parte del IPV, Rita Toloza interpuso una denuncia penal por usurpación, violación de domicilio e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

La causa avanzó recién cuatro años después tras la imposición de un pronto despacho. También se abrió una causa civil. Se inició un expediente en la parte civil con intenciones de recobrar la posesión. La presentación fue contra la Vivienda porque "estimamos que ella había sido la causal de todo esto. Sin embargo la Jueza Civil 4, la doctora Silvina Millán, sacó una resolución y rechazó la demanda diciendo que no estaba probado que la Vivienda haya sido la usurpadora", puntualizó Samuel Aguiar, el abogado de la damnificada.

En cuanto a la causa, los antecedentes señalan que el 18 de abril, casi 15 días después del hecho, se le permitió a los abogados de Toloza acceder al expediente. Ese mismo día, El Ancasti había informado sobre el caso. No se sabe si una cosa está vinculada con la otra, pero el IPV emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que el desalojo se ajustó a sus normativas burocráticas.

El 25 de abril, Toloza interpuso un recurso de reconsideración al procedimiento administrativo de desadjudicación. Incorporó testimonios de vecinos y documentación que acreditan dónde y en qué horarios trabaja. Contra actas de inspección del IPV labradas cuando no estaba en su casa, que no le habían sido notificadas, exhibe un acta de inspección de noviembre de 2017, redactada mientras estaba en su domicilio.

“La vivienda se encuentra en situación regular de ocupación, ocupada por la titular y su hijo de 18 años”, dice el documento. No tuvo importancia. Toloza sigue sin poder entrar a su domicilio, donde están sus pertenencias y su ropa, indicios de que reside allí pero que el IPV parece no advertir.

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Adhemar Capital. según la denuncia, la escribana era parte de la empresa.

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