El juez director Silvio Martoccia confirmó la prisión preventiva ordenada en el Juzgado de Control de Garantías.
Los cinco acusados por el crimen de Marcelino Pachado, ocurrido en febrero de 2017, están próximos a ser sometidos a juicio. Cuatro de estos cinco acusados esperarán el debate privados de la libertad. Ayer, el camarista Silvio Martoccia, en control jurisdiccional, confirmó la prisión preventiva oportunamente resuelta por el juez de Control de Garantías de Primera Nominación Héctor Rodolfo Maidana.
En diciembre, la fiscal de Instrucción de Séptima Nominación, Paola González Pinto finalizó la investigación. La representante del Ministerio Público Fiscal imputó a Cristian Marcelo Barros (padre), Nery Nelson Barros, Cristian Alejandro Barros, Marcelo Exequiel Barros y Gustavo Exequiel Varela, por el delito de “homicidio agravado por alevosía” como coautores. El expediente fue remitido a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial. El camarista Martoccia resultó sorteado como juez director del juicio por jurados. El juez Maidana había confirmado la prisión preventiva a los acusados Barros. Varela fue excarcelado en junio último, con restricciones y espera el juicio popular en libertad. De acuerdo con la agenda de la OGA, el juicio por jurados está previsto para agosto próximo.
Los acusados Barros solicitaron el control jurisdiccional, a efectos de recuperar la libertad y esperar el debate fuera del Servicio Penitenciario Provincial. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, los Barros alegaron que se violó la igualdad de trato con relación a Varela, que recuperó la libertad (aunque sigue imputado).
En la audiencia de ayer, la fiscal del caso, González Pinto y el fiscal de Cámara Augusto Barros, se opusieron a lo solicitado por la defensa de los acusados Barros. Consideraron que los acusados Barros (padre e hijos) amenazaron a una testigo -expareja de uno de ellos-. Esta persona habría manifestado haber sufrido violencia de género y sentir temor. Además, se remarcó que los acusados intentaron ocultar rastros del delito y advirtieron que Varela –quien recuperó la libertad- no fue acusado por amenazas o de entorpecer la investigación. La querella, representada por los abogados del foro local Claudio Contreras y Ricardo Villagra adhirieron al Ministerio Público Fiscal.
En noviembre de 2018, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación absolvió al único sospechoso que ocupó, en este primer debate, el banquillo de los acusados para responder por el crimen de Marcelino Pachado. Esta persona había sido imputada por el delito de “homicidio simple” y tras haber pasado cerca de un año y seis meses privado de la libertad, los jueces de este Tribunal lo absolvieron.
En un primer momento, hubo dos sospechosos. Sin embargo, la otra persona sindicada fue declarada inimputable y solamente un único sospechoso pudo ser imputado. Finalmente, resultó absuelto.
En los fundamentos, se remarcó que uno de los testigos puso énfasis en una situación particular. Se sabía que Marcelino Pachado era un hombre alcohólico, que había hecho tratamientos de rehabilitación y que cobraba una pensión mínima, por discapacidad. Cuando cobraba, era ‘el pagador’ entre los amigos. En la audiencia, señaló a una persona, quien había puesto mucho énfasis en un comentario puntual sobre la golpiza a Pachado, que finalizó con su muerte. Se dijo que a Marcelino había sido llevado “engañado” y habría otras personas involucradas. No obstante, se remarcó que “todo era por comentarios. Se va de boca en boca porque así se sabe en el barrio”.
Luis Armando Gandini, abogado de la defensa, había pedido la absolución porque a su entender, su cliente “es juzgado solo por rumores. Nadie sabe nada. Los familiares de la propia víctima dijeron que todo es por rumores.
Hay dos víctimas: Pachado, quien perdió la vida y mi defendido, quien perdió la libertad. Hay dos familias que vinieron a pedir Justicia. La familia Pachado no quiere vengarse sino saber quién mató a su padre. La acusación está basada en relatos dudosos”, enfatizó.
Según fundamentaron los magistrados, la prueba testimonial es la más difícil de conciliar entre sí, “ya que se nutre casi siempre de elementos derivados de la subjetividad o emotividad de su productor, alterándose de esa forma la objetividad que debería mostrar como característica indispensable” para esta instancia. No alcanza con la probabilidad, se necesita certeza.
“La naturaleza advertida precedentemente impide su valoración como medio de prueba. Al no haberse mellado ni siquiera tangencialmente el ‘principio de inocencia’ no cabe imponer otra conclusión que la absolución del acusado de manera lisa y llana”, consideraron.
