Las supuestamente indignas condiciones en las que trabajaban los becados de la Municipalidad de Valle Viejo a cargo de las refacciones de la Hostería de El Portezuelo no generaron las enérgicas e inmediatas reacciones de los estamentos judiciales, ejecutivos y sindicales que suelen darse cuando la responsabilidad por tales situaciones pretende endilgarse a particulares.
De hecho, la situación tomó estado público a partir de una nota de los becados de la que se hizo eco solamente en un concejal chacarero, Gerónimo Cabrera, de Juntos por el Cambio.
“Desde el municipio se nos trae los días lunes y nos dejan toda la semana, recién el viernes podemos bajar. Las condiciones para estar trabajando aquí no son las adecuadas ni como trabajador, ni como personas. Hay condiciones insalubres e inhumanas, estamos hacinados, pasamos frío, calor, hambre y varias necesidades al estar tan lejos de la parte urbana, además de gastar mucho de lo poco que cobramos para poder estar acá arriba en la obra”, aseguraron los afectados.
Cabrera le metió chimichurri: “Me llaman los chicos que están trabajando en la Hostería, me llego hasta allá, donde tomo conocimiento de que no tenían agua, no tenían comida, no tenían un medio de movilidad. Son 10 becados que no cuentan con obra social. Los estaban bajando como animales. Después, me apersoné en el municipio para tratar de hablar con la intendenta, pero no me atendió y su secretaria me dijo que luego me llamaría para ver la situación de estos chicos precarizados”.
El municipio negó todas las acusaciones y contradenunció al edil, recurrió al Ministerio de Trabajo, con una denuncia penal por meterse sin autorización a las obras de la Hostería. Por intruso.
La comuna defendió además el régimen de las becas como mecanismo de inserción laboral.
“Le hace muy mal a la democracia y a la política, y merece reproche general aquel que, por interés propio o en busca de lograr alguna ventaja personal, manipula personas, distorsiona hechos, miente sobre el estado de cosas, instiga la conflictividad o confunde a la opinión pública”, dijo el secretario de la municipalidad chacarera, Rolando Contrera.
Si bien ayer el municipio explicó que las becas se encuadran en los Programas de Entrenamiento Laboral y trabajan 10 días al mes, la controversia se desarrolló sin que el Ministerio de Trabajo tomara intervención para averiguar sobre trabajadores precarizados que cobran 10 mil pesos, carecen de cobertura social y supuestamente desarrollaban sus tareas en condiciones inaceptables.
Tampoco a la Justicia le inquietó el problema, y mucho menos a la UOCRA, sindicato que quedó en falsa escuadra recientemente al defender a la patronal en contra de trabajadores de un conglomerado de empresas subcontratista de una litífera.
Sobre la precarización laboral que se le permite al Estado ejecutar de modo flagrante pero se sanciona en el sector privado poco puede decirse: se trata de un mecanismo de contención naturalizado ya, en un contexto de degradación social que viene a ritmo sostenido desde hace décadas, para el que se exploran salidas como la que ha implementado la Municipalidad de la Capital para definir los pases a planta permanente.
Sin embargo, en el caso chacarero no se trataba de eso sino del presunto sometimiento de los becados a un régimen indigno ¿Cuál hubiera sido la reacción de la cartera de Trabajo, el sindicalismo y la propia justicia si la denuncia no involucraba a una intendente oficialista? Es decir: si la denuncia no afectaba callos bien vinculados con el poder.
La morosa reacción de los actores contrasta con la celeridad demostrada cuando los presuntos abusos son atribuidos a particulares y la mera sugerencia de una infracción desencadena inspecciones, allanamientos y hasta sanciones por las dudas.
Que lo digan sino los cesanteados municipales, en el propio Valle Viejo hubo varios que debieron peregrinar en tribunales para que conseguir alguna respuesta… y la mayoría de las veces ni eso.