Una de las principales banderas que llevó a Javier Milei a la Presidencia fue la promesa de combatir a la denominada “casta política”, concepto con el que identificó durante años a quienes, desde el poder, hacían uso de privilegios vedados al resto de los ciudadanos. Sin embargo, a medida que transcurre la gestión, se acumulan evidencias que parecen señalar una preocupante contradicción entre aquella prédica y determinadas decisiones adoptadas desde el propio Estado. Pocos casos ilustran esa contradicción con tanta claridad como el reciente escándalo relacionado con el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios de primera línea de la administración nacional.
La cuestión resulta especialmente sensible porque se produce en un contexto social y económico particularmente adverso. La Argentina exhibe desde hace años uno de los panoramas más desalentadores de la región en materia de acceso al crédito hipotecario. A esa realidad se suma la decisión del actual gobierno de discontinuar numerosos programas de construcción de viviendas destinados a sectores medios y populares, reduciendo aún más las alternativas para quienes buscan resolver una necesidad básica como el acceso a la casa propia.
En ese escenario, una investigación periodística difundida ayer por el portal ámbito.com, basada en un pedido de acceso a la información pública, reveló que el Banco Nación concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, es decir, durante la administración de Javier Milei. La información adquiere una gravedad adicional porque la normativa vigente contemplaba restricciones expresas para este tipo de operaciones. Más aún, el universo de funcionarios favorecidos podría ser considerablemente mayor que el reflejado por las estadísticas oficiales, ya que la propia definición de PEP utilizada por la UIF excluye a ciertos escalafones relevantes de la estructura estatal, entre ellos subsecretarios nacionales y directivos de empresas públicas.
Resulta paradójico que un gobierno que construyó su legitimidad denunciando a la “casta” termine asociado de un modo flagrante a prácticas que evocan aquello mismo que prometió erradicar. Resulta paradójico que un gobierno que construyó su legitimidad denunciando a la “casta” termine asociado de un modo flagrante a prácticas que evocan aquello mismo que prometió erradicar.
Entre los beneficiarios aparecen nombres de alta relevancia institucional. La nómina incluye a Pedro Juan Inchauspe, director del Banco Central; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía; y Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, posteriormente desplazado de su cargo. Los montos involucrados oscilan entre los 370 y los 510 millones de pesos. A ellos se suman numerosos funcionarios nacionales y legisladores vinculados con La Libertad Avanza.
Para habilitar el acceso a los préstamos de quienes ocupan cargos políticos designados por resolución o mediante elección popular, el Banco Nación debió modificar su reglamentación interna. Es decir, fue necesario alterar las reglas que hasta 2024 entonces impedían ese tipo de operaciones.
Resulta paradójico que un gobierno que construyó gran parte de su legitimidad denunciando esos comportamientos termine asociado de un modo flagrante a prácticas que evocan aquello mismo que prometió erradicar, y además justificándolos con argumentos insostenibles para el sentido común.
