Los incendios forestales tienen variadas causas. Algunos se producen por causas fortuitas o como fruto de la negligencia –un fuego pequeño que no se apaga como se debe y luego se propaga incontenible, por ejemplo-, pero a veces también hay algunos deliberados, vinculados a la ambición de ganar terreno para emprendimientos productivos al monte natural, que es indispensable para el equilibrio del ecosistema.
En el caso de Catamarca hay incendios forestales como consecuencia de fenómenos naturales, por negligencia y también generados intencionalmente para quemar pastizales, los que “provocan la disminución de los niveles de infiltración y retención de agua en el suelo y producen una pérdida del carbono almacenado en la vegetación y del carbono y nitrógeno en las capas superficiales del suelo. Estas pérdidas pueden demorar más de una década en ser recuperadas”, según un estudio realizado por investigadores del Conicet. .
Los focos que en estos días están activos en el delta del Paraná y que están causando una grave afectación a humedales son un claro ejemplo de estos atentados de carácter intencional. Si bien hay algunas personas detenidas, acusadas de ser las autoras directas de estos incendios, en general se observa una postura de la Justicia Federal no demasiada proactiva en la búsqueda de los responsables.
Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), considera que “hay una situación de terrorismo ambiental, es insostenible, se genera un daño desproporcionado”.
También han surgido críticas respecto de la necesidad de incorporar tipificaciones más específicas a este tipo de conductas delictivas y con penas más graves, que puedan funcionar como factor disuasivo. Al respecto, un grupo de abogados ambientalistas se encuentran trabajando en un proyecto de ley junto con investigadores del problema para introducir en el Código Penal la figura del Ecocidio.
La iniciativa es impulsada por la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y propone una pena de tres años y medio a diez años de cárcel para los responsables de cometer “cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas de que existen grandes posibilidades de que cause daño grave que sea extenso o duradero al ambiente”. Las penas serán mayores (hasta 20 años de cárcel) si el daño que produzcan los incendios intencionales “provoca cambios adversos, perturbaciones y efectos serios para la vida humana o de cualquier especie o recurso presente en la zona”.
Se prevén multas, además, que irán desde los 300.000 mil pesos a los dos millones de pesos para los casos menos graves, y de hasta cinco millones para los más graves.
No hay precisiones aún de si el proyecto de agravamiento de penas prosperará en el trámite legislativo, pero es factible que, si se aprueba, funcione como un freno para el cometido de este tipo de delitos, que, salvo excepciones, permanecen impunes con un alto costo ambiental.n
