Existe una polémica respecto de si el aumento de las denuncias por violencia de género se debe a que hay más propensión a denunciar este tipo de conductas o si, efectivamente, hay cada vez más hechos de violencia. De todos modos, se puede advertir que sí hay una mayor voluntad y predisposición de las víctimas a radicar la denuncia, alentadas por la campaña “Ni una Menos”, que ha propiciado una mayor visibilización de la problemática, cuestionando, además, cierta peligrosa naturalización de comportamientos agresivos que existía hasta hace poco.
Hay, también, un cambio de actitud de las autoridades policiales o judiciales que toman las denuncias. Hasta no hace mucho, era muy común que en las comisarías se negasen, por distintas aunque todas infundadas razones, a tomar esas denuncias, de modo que ante el fracaso en el intento la víctima quedaba en una todavía mayor situación de vulnerabilidad. Pero, aunque se trata de casos aislados, aún persiste esa costumbre dañina de desestimar la presentación que una mujer víctima de violencia machista intenta formalizar en sede policial o judicial.
Un caso dramático de esta índole sucedió hace pocos días en la localidad de Trancas, provincia de Tucumán, cerca del límite con Salta. Una mujer de 30 años y madre de dos hijos, se presentó en la comisaría de esa localidad para denunciar a su pareja, que ejercía violencia de género sobre ella. Según comentaron familiares de la víctima, ese día el hombre la había atacado, la tomó del cabello, la arrastró por la casa y luego le destrozó el celular. La respuesta que la mujer obtuvo de parte de la Policía es que no le podían recibir la denuncia porque no se encontraba el oficial de guardia. Insistió, rogó, pero la respuesta siguió siendo negativa. Le pidieron que vuelva más tarde. En la puerta de la comisaría la esperaba el agresor con una abogada. Desesperada, la mujer se fue del lugar y terminó quitándose la vida.
Las autoridades gubernamentales de la provincia decidieron, al conocer cómo ocurrieron los hechos, remover a la cúpula policial que prestaba servicio en esa comisaría del norte provincial. Una medida atinada pero lógicamente tardía.
La investigación intenta determinar las razones por las cuales los efectivos no le tomaron la denuncia. Si influyó en esa decisión la condición de productor poderoso de la zona del agresor, o si fue negligencia o falta de capacitación respecto de las responsabilidades que les caben a los policías como funcionarios públicos en general y particularmente en temas de violencia de género.
Sea como fuere, tanto la Policía como los funcionarios judiciales tienen la obligación –moral y legal- de no solo tomar nota de las denuncias que se presenten y canalizarlas formalmente a los efectos de que se investigue, sino que, en casos como el narrado, deben inmediatamente brindar protección preventiva a la víctima e iniciar sin dilaciones las pesquisas para determinar lo ocurrido. Si así se obrase siempre, habría menos casos de violencia de género y no se producirían decisiones irreversibles de las personas que no encuentran el debido resguardo institucional.
