jueves 2 de febrero de 2023

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Cara y Cruz

Costos del cierre

El Gobierno debería agradecer los servicios prestados por sus diputados. La vocación fotogénica...

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El Gobierno debería agradecer los servicios prestados por sus diputados. La vocación fotogénica que cunde en el funcionariato, siempre presto a protagonizar amables episodios protocolares, que por otro lado abundan, contrasta con la reticencia a mezclarse en polémicas cuando la oposición castiga.

Los diputados oficialistas, en cambio, cumplieron al costo de un escandalete el objetivo de aprobar el Presupuesto dentro del período de sesiones ordinarias y cerrar la Legislatura hasta dentro de cinco meses, en mayo, cuando debe reanudarse la actividad si es que el Gobierno no convoca a extraordinarias antes. Para entonces, todo estará entintado por el proceso electoral, rumbo a las primarias de agosto. El Senado cumplió su rol, pero allí el peronismo tiene una mayoría tan aplastante que no pueden destacarse méritos. Ni siquiera es seguro que los senadores supieran qué estaban votando.

Fue la decisión de clausurar la Cámara baja, un escenario que los opositores habían transformado en trinchera para descargar mandobles sobre el Gobierno a costo módico, lo que motivó el tratamiento acelerado de la ley de Presupuesto.

Es una norma central, pues en ella el Gobierno establece sus prioridades en términos de inversión y gasto de los recursos con los que espera contar, créditos incluidos. Se trata del más objetivo indicador de un programa político.

Bajo esta perspectiva, apresurar su tratamiento acortándole los tiempos para un análisis concienzudo a la oposición contradice principios republicanos elementales, que están por encima de cualquier reglamento. También del de la Cámara de Diputados, que es el que el oficialismo esgrimió para coartar el uso de la palabra de sus antagonistas, argumento que enardeció la polémica y percutó las habituales sobreactuaciones en ambos bandos.

Como consecuencia, la parte de la sociedad interesada en conocer los pormenores de lo que el Gobierno se propone para el año próximo, sea cual sea su tamaño, deberá recurrir a mecanismos extraparlamentarios para enterarse. O confiar en el sano criterio del oficialismo, que es mucho pedirle a cualquier oficialismo, de cualquier pelaje.

Por supuesto, los opositores disconformes pueden recurrir a estos mecanismos extraparlamentarios para destripar el Presupuesto sin condicionamientos reglamentarios, pero por ahora prefieren concentrarse en cuestionar al “autoritarismo” del Frente de Todos, madrugados en una operación relámpago.

Pero superado el trago del escándalo institucional, que es un yuyo comparado con el de la Cámara de Diputados de la Nación, al Gobierno se le vino a afianzar la beligerancia en el frente judicial, donde la Corte de Justicia ha conseguido cerrar unidad corporativa monolítica contra la poda de un 30% de los recursos que pretendía para 2023.

Ayer se movilizó el sindicato de judiciales, brazo callejero de la lucha que libran los miembros del tribunal, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados.

La celeridad impresa a los trámites en Diputados impidió tratativas tendientes a consensuar políticamente ese recorte. La razón fue explicada por la presidenta de la Comisión de Hacienda, María Argerich: la Corte proyectaba incrementos salariales para el Poder Judicial del 90%, cuando la pauta fijada en el Presupuesto nacional y replicada en el provincial, es del 60. Esto es: el Poder Judicial pretende incrementos salariales 30 puntos por encima del resto. Es un número importante.

Si los oficialistas hubieran logrado pactar con la oposición en este asunto es algo que ya no puede saberse. Lo que sí es claro es que, por el arrebato al que la sometieron, el Gobierno ha quedado solo frente a magistrados que se envuelven en la bandera de la independencia judicial para garantizarse mejoras salariales superiores a las del conjunto.

Un debate más profundo del Presupuesto hubiera quizás, contribuido a robustecer la posición del Ejecutivo, pero se optó por clausurarle una caja de resonancia a la oposición. Que tiene, conviene aclarar, menos resortes que la Justicia en pie de guerra para activar.

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