Denunciantes. los cordobeses sostuvieron sus dichos en la denuncia.
En el marco de la causa penal contra el fiscal de Instrucción Ezequiel Walther, ayer Daniel Monasterio y Sergio Cano, los dos cordobeses que lo denunciaron por el hurto de unas herramientas, ratificaron sus dichos. Ambos declararon ante el juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Rodolfo Maidana –quien considerará si hay o no elementos para pedir el desafuero-. También estuvo presente Walther, junto con sus abogados Barrionuevo y Víctor García.
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que los denunciantes reconocieron lo sucedido el 28 de junio último, en una playa de estacionamiento ubicada en San Martín al 300 y lo que se ve en el video. A la vez, manifestaron su desacuerdo con el pedido de disculpas expresado por Walther –tanto en el video en cuestión como en su descargo- porque consideraron que sí hubo un delito. De esta manera, insistieron en que el funcionario judicial retiró las cajas de herramientas y las colocó en su vehículo.
Finalizado su testimonio, sólo queda escuchar la versión de un policía, que intervino en el hecho. Para el viernes, está prevista la toma de este testimonio.
Jury
En otro orden, el lunes último, el fiscal del Jury Alejandro Dalla Lasta Baroni, presentó ante el Tribunal de Enjuicimiento, a cargo del juicio político contra el fiscal de Instrucción Ezequiel Walther, su dictamen. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el fiscal Dalla Lasta consideró que hubo una conducta “indebida” e “inapropiada” por parte del funcionario del Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal de Enjuiciamiento es presidido por el presidente de la Corte de Justicia, Miguel Figueroa Vicario e integrado por el senador Oscar Vera, las diputadas Cecilia Guerrero y Juana Fernández y los dos representantes del Colegio de Abogados, Pablo Federico Nicollini y Silvia Cabrera.
El fiscal Dalla Lasta Baroni advirtió que la conducta reprochable “consistió en sacar elementos fuera de la esfera de la custodia de su propietario”, para reubicarlos en un lugar de su propiedad -independientemente que este accionar constituya o no un delito-. “En el caso concreto, no se encontraba obligado por las circunstancias a realizar dicho acto ni se vislumbraba seriamente que estos elementos se encontraran en peligro de ser sustraídos por terceras personas, máxime si existen cámaras de seguridad en dicho lugar. Circunstancia que era perfectamente conocida por el denunciado, según sus propios dichos”, detalló.
A la vez, el fiscal del Jury advirtió que la sociedad espera de los funcionarios judiciales “una conducta de excelencia”, tanto en su desempeño de la función como en su vida privada. Estas pautas, consideró, se encuentran por encima del común denominador de las personas que no detentan un cargo público, en cuanto a la prudencia, equilibrio, reflexión, paciencia, tolerancia, templanza y firmeza.
“Por tales circunstancias la idoneidad requerida debe ser integral y comprender distintos aspectos, incluso buenas costumbres. En definitiva, infiero que la conducta atribuida a quien representa los intereses sociales ha atentado contra la buena imagen que debe tener precisamente ante la sociedad el Poder Judicial. Dicha buena imagen está vinculada con la trascendente finalidad proclamada en el Preámbulo de nuestra Constitución de Afianzar la Justicia, valor supremo de la convivencia social”, resaltó.
Para el fiscal Dalla Lasta, de conformidad con los principios rectores de legalidad y objetividad que deben regir esencialmente en la función que desempeña, están dadas las condiciones para manifestar que “la cuestión denunciada emerge que el hecho atribuido al fiscal puede revestir una gravedad inusitada, que repercute en la confianza social depositada en él mismo y que resulta incompatible con el buen servicio de Justicia. Circunstancia ésta que resulta -por sí sola- un escollo infranqueable como para archivar el presente legajo en esta instancia procesal".