La Corte de Justicia lleva años reclamando mayor presupuesto y más personal para sostener el servicio de Justicia. El argumento se repite en cada discusión presupuestaria: la planta de empleados es insuficiente para atender la demanda de causas y la falta de recursos humanos entorpece el funcionamiento cotidiano de juzgados y fiscalías. Ese reclamo, legítimo y sostenido en el tiempo, choca ahora con una decisión reciente del propio tribunal que invita a preguntarse qué prioridades ordenan el uso de esos recursos.
En abril, la Corte abrió un concurso público para cubrir apenas dos cargos de director y subdirector en la flamante Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión Judicial, creada para implementar el nuevo Sistema de Gestión Asociada. Se presentaron 70 postulantes. Pero el 4 de agosto no juraron dos funcionarios: juraron ocho. Además de la dupla que efectivamente concursó, asumieron otros seis profesionales como coordinadores de fuero y directores de las Oficinas de Gestión Asociada, cargos que ni siquiera formaban parte del llamado original. De los ocho, solo tres pasaron por el proceso de selección abierto. Los cinco restantes llegaron por designación directa. Y todos, concursados o no, ocupan puestos con "rango y jerarquía equivalente al de un Secretario de la Corte de Justicia", según la propia acordada que los designó.
Con el costo salarial de esa media docena de puestos de rango jerárquico bien podría financiarse un número considerablemente mayor de escribientes, auxiliares u oficiales. Con el costo salarial de esa media docena de puestos de rango jerárquico bien podría financiarse un número considerablemente mayor de escribientes, auxiliares u oficiales.
Ahí aparece la tensión de fondo. El mismo Poder Judicial que argumenta que necesita más manos para atender causas, y que buena parte de su presupuesto se destina, necesariamente, a gasto de personal porque presta un servicio, resuelve incorporar ocho cargos jerárquicos de una vez, con sueldos equiparados a los más altos de su estructura administrativa. Con el costo salarial de esa media docena de puestos de rango jerárquico bien podría financiarse un número considerablemente mayor de escribientes, auxiliares u oficiales, el personal que efectivamente tramita expedientes y atiende al público en las Unidades Judiciales, Fiscalías y Tribunales.
A esto se suma el concurso de traspaso abierto en julio para agentes de planta permanente del Ejecutivo y el Legislativo, pensado para sumar personal con experiencia mediante movilidad entre poderes, que fue suspendido a los pocos días "por razones operativas" porque se acercaba la feria judicial. Sin embargo, pasaron tres semanas desde que la actividad se normalizó y no se reactivó tal concurso. Incluso los profesionales que habían mostrado algún tipo de interés en la movilidad ya fueron advertidos de que no recibirían el pase. Es decir, mientras la vía pensada para incorporar personal ya formado quedó en pausa sin nueva fecha, la vía directa para cargos jerárquicos avanzó sin sobresaltos.
Nadie discute que la Justicia necesite modernizar su gestión ni que un Sistema de Gestión Asociada requiera coordinación. El punto es si tanta coordinación contribuirá a un mejor servicio. Se sabrá más adelante, pero el malestar generado entre el personal judicial ya está latente.
