jueves 13 de junio de 2024
Editorial

Contra la ortodoxia

El Gobierno nacional enfrenta por estos días restricciones derivadas de su propia ortodoxia económica. Apenas asumió...

El Gobierno nacional enfrenta por estos días restricciones derivadas de su propia ortodoxia económica. Apenas asumió en diciembre, Javier Milei paralizó la obra pública. Dos factores concurrieron para justificar la medida: la puesta en marcha de un formidable e inédito hasta el momento plan de ajuste fiscal, por un lado, y la convicción ideológica de que el Estado debía ceder su función de promotor financiero de las obras a favor de las empresas privadas.

Cinco meses después, el Presidente de la Nación admite que la competitividad de la economía argentina, factor clave para pensar un programa económico con sustentabilidad en el largo plazo, está seriamente dañada por el déficit de infraestructura, que se resuelve precisamente con obra pública. El desarrollo nacional requiere de rutas, puentes, diques, embalses, puertos, gasoductos. Lo que la gestión libertaria veía como gasto en realidad debe analizarse como una inversión que es redituable si se ejecuta con eficiencia y a partir de una planificación adecuada.

El gasoducto Néstor Kirchner es un ejemplo ilustrativo. Implicó un costo considerable para el Estado nacional, pero es una obra clave para lograr la soberanía energética, que permitirá que se ahorren miles de millones de dólares cada año, que en la actualidad se gastan para importar gas. La reversión del Gasoducto Norte fue una de las obras paralizadas. Si se hubiese continuado ejecutando según las proyecciones que existían hasta el año pasado, el fluido que se extrae de Vaca Muerta abastecería al centro y norte del país. Finalmente el Gobierno nacional decidió reactivar el proyecto, pero las demoras provocarán que recién esté finalizado y en condiciones de activarse cuando el invierno pase. La postergación le costará al país otro invierno importando gas.

La admisión presidencial del déficit de infraestructura como condicionante de las posibilidades de desarrollo parece, sin embargo, no afectar su ortodoxia respecto del rol del Estado. Pretende que las obras las financien empresas a través del mecanismo de iniciativa privada que, una propuesta que mencionó durante su campaña electoral. A más de cinco meses de asumir, sin embargo, no se han generado desde el Ejecutivo ninguna ingeniería legal que haga prever convocatorias oficiales en ese sentido. El resultado es que no hay ni obra pública ni privada, situación que, además de provocar las mencionadas restricciones para el desarrollo, es factor que gravita muy negativamente en la recesión económica actual.

El gobierno de Cambiemos (2015-2019) ya intentó promover un régimen de ejecución de obras de infraestructura con participación de los capitales privados. El sistema PPP (Participación Pública Privada), pensado para sustituir el menor gasto en obra pública, fue un estruendoso fracaso.

La parálisis de la obra pública, que afecta a todas las jurisdicciones, no puede sostenerse durante mucho tiempo más sin graves consecuencias. Su reactivación es imprescindible, aunque vaya en contra de la ortodoxia económica que profesa.

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