En la edición de ayer se publicó la lista de los primeros pases a planta permanente y contratos de locación de obra para becados de la Municipalidad de la Capital, en el marco de una ordenanza sancionada en diciembre del año pasado por unanimidad en el Concejo Deliberante.
En pos de comenzar a resolver el problema de la gran cantidad de trabajadores precarizados que tenía el municipio, cuyos reclamos eran tanto fuente de permanentes conflictos como escenario propicio para todo tipo de manipulaciones facciosas, la normativa estableció criterios objetivos para ir beneficiándolos con la estabilidad, con un dispositivo que incluye el escrutinio público y la posibilidad de impugnaciones a las nóminas que se difunden antes de la decisión final.
Los registros de sistemas similares en el país son escasos, si no nulos, y es destacable que en la Capital se haya establecido con el consenso de la oposición y a través de una ordenanza, pues restringe el margen para utilizar los pases a planta como instrumento electoral.
En este sentido, el concejal opositor Fernando Navarro expresó ayer en su whatsapp su beneplácito por haber contribuido “al cumplimiento de la ordenanza 8029/21, con la que se logra que el beneficio de la planta permanente llegue a quienes realmente cumplen con los parámetros establecidos, logrando así dar transparencia tan sensible para los beneficiarios y para el personal contratado”.
La concreción de designaciones por mecanismos ajenos al dedo de turno demuestra lo positivo de avanzar en acuerdos de largo alcance con los antagonistas políticos. El mecanismo condiciona hoy al intendente Gustavo Saadi, que lo promovió, del mismo modo que condicionará mañana a sus sucesores, cualquiera sea su filiación partidaria. O sea: condiciona a toda la política en el territorio de San Fernando del Valle de Catamarca al privarla de un dispositivo clientelar de primera magnitud de modo permanente. Persistirán otros, por supuesto, pero en Catamarca la herramienta del empleo público es sin dudas el principal.
Esta coincidencia en autolimitarse es extraña en estos tiempos de confrontación furiosa, pero puede encontrarse también en otras políticas municipales con las que Saadi va afianzando la impronta personal de su mandato.
También los concejales sancionaron por unanimidad la ordenanza del Plan Estratégico Consensuado, que fija líneas de gestión en la ciudad para al menos una década –son dos mandatos y medio- y se confecciona con el concurso no solo de los opositores sino también de entidades civiles y de la UNCA.
Otro ejemplo es el del Presupuesto Participativo, que a lo largo de un proceso en el que intervienen organizaciones vecinales y vecinos para decidir la inversión de un porcentaje del presupuesto municipal.
Este año, por ejemplo, alrededor de 170 millones de pesos se están invirtiendo en obras y proyectos definidas con el procedimiento, que se puso en práctica por primera vez con la intervención de unas 800 personas en la elaboración y presentación de propuestas a lo largo de 20 asambleas vecinales y el voto de más de 11 mil en la votación final. 1.400 proyectos presentados se redujeron a 400 tras la depuración y el voto.
Ya puestos en funcionamiento, estos mecanismos serán muy difíciles de erradicar sin pagar costos políticos importantes, no solo por el alto grado de consenso alcanzado sino porque los agentes municipales y vecinos experimentan sus beneficios. No está de más subrayarlo en momentos tan marcados por los desencuentros.
