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Cara y Cruz

Conflictos controlables

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4 de julio de 2022 - 01:10

Al Gobierno provincial se le presentaron en los últimos días dos reclamos sectoriales por mejoras salariales y condiciones laborales. Uno es un problema estructural y de larga data. Y ambos tienen una solución que no debería resultar traumática para el Estado, aunque sí implicaría cambiar el orden de prioridades de la política pública respecto a los servicios esenciales.

En primer lugar, para hoy está prevista una reunión entre las autoridades de Salud y Trabajo con los pediatras del Hospital de Niños “Eva Perón”, quienes reclaman por una recomposición salarial de base, es decir, a nivel del ordenamiento presupuestario del sector de la salud respecto al resto de la Administración Pública. Puntualmente, los médicos reclaman que un profesional que recién ingresa cobra un salario neto de $83.000, que es menor a lo que la Provincia paga en otros organismos a cuyos empleados no se les exige un título universitario, especialización y que además no están expuestos a situaciones límite, como suele ocurrir en un hospital.

Para colmo, agregan los médicos, si deciden hacer el máximo de guardias para incrementar sus ingresos, caen en la red de la AFIP con el Impuesto a las Ganancias, lo cual fue debatido la semana pasada en la Cámara de Diputados local sin más sentido que una exposición de anhelos y una petición formal al Congreso de la Nación, ya que es algo que supera la jurisdicción provincial.

Los pediatras pretenden que el Gobierno incremente el piso salarial o jerárquico de los profesionales de la salud, lo cual implicaría un reconocimiento diferencial del sector respecto a dependencias que son meramente administrativas y en las que los sueldos son efectivamente más altos. “Estamos a la cola de los salarios de la Provincia, somos los estatales peores pagados”, decía a la prensa una de las médicas en protesta del hospital pediátrico.

El gobernador Raúl Jalil, quien podría estar presente en la reunión de hoy, reconoció que existe un retraso salarial con determinadas especialidades médicas, como los clínicos, pero anticipó que la Provincia “no está en condiciones” de acceder al “100 por ciento” de lo piden los profesionales. Aún así, “lo que definamos lo tenemos que hacer a través del diálogo y del consenso”, aclaró. En otras palabras, es factible llegar a un acuerdo.

El caso de los médicos de la Policía provincial merece otra consideración. Desde el jueves, la fuerza se encuentra sin servicio de sus cinco profesionales porque todos presentaron un certificado por “estrés laboral”, un formalismo para exponer una cuestión de fondo que parece ser hija de la impericia oficial.

Los médicos no reclaman más sueldo, sino mejores condiciones laborales. Y, en muchos aspectos, es algo completamente lógico. En una misma habitación de 2x2 metros duermen el médico, el chofer y el enfermero o enfermera, en camas cucheta con colchones dignos del peor calabozo. Además no tiene calefacción. Y el baño es calamitoso. Mejorar esa infraestructura no parece ser algo que pueda ocasionar un desbarajuste del presupuesto para obras de la Provincia.

Por otra parte, los médicos se quejan porque los obligan a hacer autopsias, cuando esto le corresponde al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Y porque no les respetan el horario de almuerzo ni de descanso, lo que solo podría ser alterado en situaciones graves con víctimas de delitos o presos.

El fiscal general, Alejandro Dalla Lasta, dijo a este diario que la falta de médicos en la Policía está ocasionando “un grave problema de inseguridad que afecta al servicio de justicia”. De hecho, por la licencia de los profesionales, hoy los fiscales se ven obligados a acudir a los profesionales del CIF y del hospital San Juan Bautista. Sucede tanto con las personas arrestadas, que deben ser revisadas antes de ir a la celda, como con las víctimas de violencia de género, para lo cual se requiere el informe de un médico legista. Estos y otros casos son atendidos como se puede estos días y eso está mal.

Ninguno de los conflictos con los galenos es de control imposible. El de los pediatras requiere un giro leve en la política salarial del Gobierno. El de la Policía es increíble que no se haya solucionado antes.

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