El Gobierno tensó su relación con el sindicalismo, al intimar a los gremios que marcharon el 27 de diciembre pasado a Tribunales contra el mega DNU a que paguen sumas que rozan los 100 millones de pesos por el costo del operativo de aquel día, mientras que el presidente Javier Milei sostuvo que el referente de Camioneros Pablo Moyano es uno de los que "quieren voltear la ley para que nada cambie, para mantener sus privilegios".
En este sentido, la CGT repudió la intimación que hizo el Ministerio de Seguridad y advirtió: "El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado".
"Es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país", lamentó la entidad de la calle Azopardo en un comunicado.
Y agregó: "Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado".
Por último, la CGT aseguró en el texto que no representa "los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadoras de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga".
Por su parte, la CTA Autónoma también emitió un comunicado para rechazar el intento de cobro del operativo de seguridad por las cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente.
También fueron intimadas las organizaciones que formaron parte de la jornada de ollas populares del 22 de diciembre pasado como parte de una movida en todo el país en rechazo al megadecreto.