La Cámara del Crimen ratificó ayer las condenas dictadas por un jurado popular tras el juicio realizado en Resistencia.
La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia ratificó ayer las condenas dictadas por un jurado popular en el juicio por el asesinato de una joven ocurrido en junio de 2023. De esta manera, quedaron firmes las penas de prisión perpetua para los tres principales responsables del hecho y las sanciones impuestas a otros imputados por encubrimiento.
La lectura del fallo estuvo a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández, quien había presidido el proceso durante el año pasado. En noviembre, un jurado popular integrado por doce ciudadanos había declarado culpables, por unanimidad, a seis de las siete personas que llegaron a debate oral por el caso, mientras que una imputada fue absuelta.
César Sena, pareja de la víctima, fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Por la misma calificación legal, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios, al haberse probado que facilitaron los medios y el escenario para la concreción del hecho. Dada la figura penal aplicada, la única pena prevista por el Código Penal era la prisión perpetua.
En relación con los colaboradores, el tribunal mantuvo las condenas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal durante el debate. Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana González recibió una pena de cinco años de prisión efectiva por el mismo delito. Ambos habían cumplido funciones como asistentes del grupo familiar y participaron en maniobras posteriores al homicidio.
Según se acreditó en el juicio, González realizó tareas de limpieza en la vivienda donde ocurrió el asesinato y colaboró en la eliminación de muebles y otros elementos con rastros biológicos. En tanto, Obregón acompañó al autor material en el traslado del cuerpo hacia un campo ubicado en las afueras de la ciudad, donde fue incinerado durante varias horas.
Por su parte, Gustavo Melgarejo fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple. La sentencia incluyó pautas de conducta, entre ellas la fijación de domicilio, la prohibición de ausentarse sin autorización judicial y la obligación de no cometer nuevos delitos. Al haber cumplido el plazo de la pena durante la prisión preventiva, recuperó la libertad tras la audiencia.
Durante la lectura del fallo, la jueza Fernández rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por las defensas y ordenó la entrega a la familia de los restos óseos hallados en el denominado Campo Rossi. Se trata de fragmentos que no pudieron ser sometidos a análisis genético debido a su estado, aunque fueron incorporados como evidencia en la causa. Además, dispuso la emisión del certificado de defunción correspondiente.
La investigación permitió reconstruir que la joven había ingresado a la vivienda familiar de los acusados bajo la promesa de iniciar una nueva vida. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso, pero no su salida. A partir del análisis de imágenes, registros telefónicos y testimonios, los fiscales lograron establecer el horario aproximado del homicidio y la posterior desaparición del cuerpo.
El caso tuvo un fuerte impacto institucional y social en la provincia, debido a la relevancia pública de los condenados y al desarrollo del proceso mediante la modalidad de juicio por jurados. Ayer, familiares de la víctima y vecinos se congregaron en las inmediaciones del edificio judicial para seguir la lectura de la sentencia, mientras que los condenados participaron de la audiencia de manera virtual.
Con la ratificación de las penas, el expediente ingresó ahora en una etapa en la que aún restan instancias recursivas ante tribunales superiores, aunque el fallo reafirmó el veredicto alcanzado por el jurado popular y la responsabilidad penal de los acusados.