sábado 25 de junio de 2022

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Trampa piramidal

Confirman principio de acuerdo con Stratton Sierra

Fue realizado en forma extrajudicial. Se prevé un pago inicial y en diez días la cancelación del compromiso asumido.

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29 de mayo de 2022 - 00:15

La empresa Stratton Sierra SRL realizó un acuerdo extrajudicial con un grupo de acreedores, que prevé la realización de un primer pago y la posterior cancelación.

Desde la querella, a cargo de las abogadas Yasmín Morales y Vanesa Figueroa, confirmaron que el compromiso entre el dueño de la empresa, José Luis Sierra y su gerenta, Jésica Véliz, fue realizado en primera instancia con aproximadamente 20 acreedores.

Una vez efectuado el primer pago, la cancelación total del compromiso debería ser realizado dentro de los 10 días posteriores. "En el caso de pagar o dilatar los tiempos acordados incurriría en mora y, los damnificados no desistirán de iniciar acciones penales y civiles", aseguraron desde la querella.

Se pudo conocer que el primer pago ya fue realizado y que faltaría concretar una segunda y última operación con cada uno de los acreedores que accedieron al acuerdo extrajudicial. En diálogo con este diario, un grupo de damnificados informó que una porción mayor de ahorristas no acordó "porque tienen montos grandes y están esperando que, como les prometieron en abril, les paguen en julio".

Otros acreedores admitieron haber recibido un primer pago en concepto de devolución de "capital invertido", pero fueron cautelosos sobre la percepción del segundo pago.

Otro tramo

Esta semana, el empresario, que comparte la imputación de supuesta "estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita" con Véliz, informó que a partir del 13 de junio comenzará la tramitación para pagarles a más acreedores. La iniciativa fue anunciada a través de un comunicado de la empresa en abril de este año.

Ampliación de indagatoria

Sierra y Véliz debieron presentarse esta semana en el Juzgado Federal, con el patrocinio del abogado Juan Pablo Morales, para ser indagados una vez más, debido a la incorporación de elementos a la causa.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que ante la sumatoria de hechos denunciados, se amplíe la imputación a los encartados. Las denuncias fueron efectuadas por personas que aseguraron no haber percibido el pago de utilidades prometidas, ni la devolución de los capitales entregados.

Más protestas

Entre la noche del viernes y la madrugada de ayer, varios grupos de damnificados de distintas financieras se manifestaron ruidosamente frente a locales comerciales y viviendas de personas vinculadas con las empresas denunciadas.

Hubo reclamos frente a la casa de uno de los principales laderos de Bacchiani, Alexis Sarroca -con prisión domiciliaria-, y un restaurante de avenida Galíndez, entre otras.

Los activistas contaban con sirenas, cornetas y algunos petardos. Un manifestante, que habitualmente concurre a las marchas, conocido como "El hombre del megáfono", aseguró que todas las noches visitará a la madre de uno de los sospechosos, "hasta que sea alojado en el Penal de Miraflores".

Allanamiento negativo

Efectivos de Gendarmería Nacional allanaron el domicilio de una empleada de Cristian Sixto Rojo, dueño de la empresa Callvu Servicios Financieros Bursátiles, con resultados negativos.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue dispuesta el viernes y que se trata de una mujer que habría estado vinculada a las operaciones de la empresa. Se prevé que sea indagada esta semana y no se descarta que aporte importantes detalles sobre el funcionamiento de la empresa, ya que habría tenido acceso a información sensible de la operatoria de la firma.

Rojo amplió la indagatoria el viernes a la mañana y, ante el juez federal dio a conocer su voluntad de pagar y aportó una propuesta para cancelar deudas con ahorristas.

Rojo fue imputado en abril, por "asociación ilícita" e "intermediación financiera sin autorización". Para no ser detenido depositó una caución, pero la aparición de nuevas denuncias en su contra generó su detención en un calabozo de la Policía Federal. Esta semana se definiría si se hace lugar a su pedido de prisión domiciliaria.

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