Además, la Corte instó al Ministerio Público Fiscal a dar celeridad al requerimiento de elevación a juicio.
La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del hombre acusado de chocar con su vehículo un poste del tendido eléctrico; dentro del vehículo iban como acompañantes su expareja y el hijo de ambos, un bebé de 10 meses.
De esta manera, se confirmó la prisión preventiva que pesa sobre él desde mayo del año pasado. Los ministros de esta Sala, Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño resolvieron por unanimidad. A la vez, la Sala Penal exigió al Ministerio Público Fiscal que avance sin más dilaciones hacia el juicio.
El episodio ocurrió el 18 de mayo de 2025 en la zona norte de la Capital. Según surge de las actuaciones, el hombre trasladaba por la fuerza a su ex pareja y al bebé de ambos en su vehículo cuando fue visto por vecinos en el barrio Papa Francisco, en La Tercena. Personal de la Comisaría Departamental de Fray Mamerto Esquiú, alertado por un llamado de emergencia, intentó interceptarlo; el hombre evadió el control policial huyendo a alta velocidad y terminó chocando contra un poste de cemento del tendido eléctrico. Tanto la mujer como el niño resultaron heridos.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, lo imputó por “homicidio triplemente calificado en grado de tentativa —por mediar una relación de pareja, por violencia de género (femicidio) y por haber actuado con el propósito de causar sufrimiento a la mujer— en concurso real con homicidio calificado por el vínculo, en perjuicio del bebé”. Desde entonces el acusado se encuentra privado de la libertad.
Desde el inicio, el abogado del foro local Pedro Justiniano Vélez, quien asiste al acusado en la defensa, sostuvo que se trató de "un accidente de tránsito" y no de un intento de homicidio. Con el correr de la investigación, esa hipótesis se apoyó en dos elementos: una pericia accidentológica que concluyó que el hecho se produjo por "pérdida de control y dominio del rodado", y la retractación de la víctima, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para modificar su declaración inicial y descartar un accionar intencional.
Con esos argumentos, la defensa buscó primero el cese de la prisión preventiva por vía de control jurisdiccional y, tras el rechazo del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación y de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, llevó el planteo en casación ante la Corte de Justicia catamarqueña. El pedido central era que se recalificara el hecho como homicidio culposo en un siniestro vial, lo que habilitaría una eventual condena de ejecución condicional y, por lo tanto, la libertad del imputado.
La Sala Penal, por unanimidad, rechazó los tres motivos de agravio. En primer lugar, indicó que el control jurisdiccional de la prisión preventiva no es una vía idónea para discutir la calificación legal del hecho y que esa discusión de fondo le corresponde al Ministerio Público Fiscal al cierre de la instrucción. Sobre la pericia accidentológica, consideró que se trata de un elemento técnico-descriptivo cuya interpretación corresponde a los jueces de mérito y que por sí sola no alcanza para desplazar la calificación de tentativa de femicidio.
En cuanto a la retractación de la víctima, la Corte remitió a las pericias psicológicas practicadas, que —según cita el fallo— darían cuenta de un cuadro de "ambivalencia afectiva y dependencia emocional" y de mecanismos de negación que le restan a ese cambio de versión el valor de un desistimiento libre y autónomo. Además, se remarcó que la voluntariedad alegada por la defensa no puede desplazar la evidencia objetiva de la agresión y que la prisión preventiva es la única medida idónea para evitar que el imputado siga condicionando el testimonio de la víctima de cara al juicio por jurados que se avecina.
Más allá del rechazo del recurso, la Corte introdujo un señalamiento que reordena el eje de la causa. En su voto, la ministra Rosales Andreotti recordó al Ministerio Público Fiscal que los incidentes vinculados a la libertad del imputado no suspenden el trámite del proceso principal y que la remisión íntegra del expediente cada vez que la defensa plantea un recurso generó una "paralización innecesaria" de la investigación —una práctica que, señaló, contraviene tanto el Código Procesal Penal como una instrucción general vigente de la propia fiscalía.
En ese marco, la Sala Penal instó a la fiscalía a formalizar "de inmediato" el requerimiento de citación a juicio y le exhortó a profundizar las medidas de protección sobre la víctima hasta la realización del debate. La resolución no fija un plazo perentorio, pero el reclamo llega después de que el propio Juzgado de Control de Garantías hubiera exhortado a cerrar la instrucción en 45 días, término que ya está vencido.
“Es imperativo que el órgano fiscal, en lo sucesivo, arbitre los medios a fin de evitar que el control jurisdiccional de una medida de coerción se convierta en un obstáculo para la progresividad del proceso”, consideró. Con esta resolución, la Sala Penal de la Corte deja sentado que la próxima instancia relevante de la causa deberá darse en la etapa de juicio y no en nuevas discusiones sobre la libertad del acusado.