En julio de este año una discusión familiar terminó en una causa penal. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, un hombre, padre de familia, llegó al Juzgado Correccional de Tercera Nominación para responder por los presuntos delitos de “lesiones leves calificadas por el vínculo” y “amenazas simples”. Por tratarse de un hecho de violencia intrafamiliar, a fin de resguardar a la denunciante y a su familia, se resguardan los nombres.
La audiencia fue presidida por el juez Correccional Javier Herrera. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Víctor Figueroa. La defensa fue representada por el abogado del foro local Hernán Morales.
Según la investigación, a finales de julio último, la joven denunciante se encontraba en su casa, junto con sus hermanos más pequeños, su madre y una amiga. Padre e hija comenzaron a discutir, en otro sector de la casa. El hombre le propinó un golpe de puño en el rostro. El informe médico precisó que la herida que presentaba requería de 15 días de curaciones y de 10 de incapacidad.
En el banquillo de los acusados, el hombre negó los hechos que se le reprochaban. En la instancia de alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal, con base a los testimonios y demás prueba que obraba en el expediente, mantuvo la acusación contra el acusado, por las lesiones, y pidió una pena de 10 meses de prisión. Tras los alegatos, el magistrado halló culpable al acusado en el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo” y lo condenó a la pena de seis de prisión en suspenso. A la vez, lo absolvió por el delito de “amenazas simples”.
Además, el magistrado fijó pautas de conductas; entre éstas, debe abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y someterse a un tratamiento psicológico, previo informe de profesionales que acrediten su necesidad y eficacia, destinado a evitar la comisión de nuevos hechos como los que fueran materia de juzgamiento. También ordenó que, hasta tanto quede firme la presente sentencia, el penado deberá abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante. A tal fin y para asegurar el cumplimiento de esta medida, se emitió un oficio al jefe de Policía de la provincia, a efectos de que arbitre los medios necesarios para el resguardo de la integridad física de la denunciante. Para ello, debe procurar recorridos, vigilancia y visitas a su domicilio y lugares donde concurra de manera frecuente.
Además, se dio intención intervención a la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de esta provincia, para que se proceda con el abordaje de la situación de la denunciante. En este sentido, también se dio intervención a la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a fin de que se proceda al abordaje de este grupo familiar. Por último, se remitieron copias a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud a fin de proceder con el abordaje de la situación de la denunciante.
La violencia intrafamiliar es entendida como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder. La violencia económica incluye también la negación a cubrir necesidades alimentarias para los hijos o gastos básicos para la supervivencia del núcleo familiar conviviente, así como el control de gastos o ingresos.
Sobre este tipo de violencia, la psicóloga especializada en esta temática Sonia Almada explicó que la exposición durante la infancia a la violencia intrafamiliar puede provocar trastornos sociales, emocionales, cognitivos y otras conductas que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales. Se entiende como violencia intrafamiliar todo acto u omisión realizado en el ambiente familiar por uno de sus miembros que produce daño físico, psicológico o sexual en otro de sus integrantes. Trasciende culturas y afecta a una importante población a nivel mundial.
“Las familias que practican castigos violentos, como zamarreos, cachetadas, chancletazos, palizas o gritan, insultan y humillan a sus hijos, están produciendo un círculo vicioso porque que al realizar estas formas de disciplinamiento como mecanismo de corrección, obligan a niños y niñas a repetir las conductas no deseadas, lo cual aumenta sus probabilidades de volver a recibir castigos por lo que los adultos consideran malos comportamientos”, advirtió.