Las cuatro décadas de democracia ininterrumpida que se cumplen este año presenta claroscuros respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Casi el 50% de los integrantes de este grupo etario se encuentran bajo la línea de la pobreza, lo que representa una ignominia para un país como la Argentina. El índice subió abruptamente en la Argentina entre 2015 y 2019, y desde entonces se ha mantenido afectando a casi la mitad de la población de esa edad. Según Unicef, en 2015 estaban bajo la línea de la pobreza alrededor del 30% de los chicos y chicas en el país. La suba de casi 20 puntos porcentuales en pocos años se explica por la recesión que afectó durante tres de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.
Como contrapartida, en lo que va del siglo se han registrado avances trascendentes en el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En 2005 se sancionó la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley permitió, en términos generales, otorgar la condición de sujeto de derecho de las niñas, niños y adolescentes, defender el derecho de este sector de la población a ser oídos y a emitir opinión sobre los temas que les compete, el respeto a su desarrollo personal en su medio familiar, social y cultural.
También en las últimas dos décadas se puso en marcha la Asignación Universal por Hijo, se amplió la cobertura del derecho a la Seguridad Social de las niñas, niños y adolescentes. En materia educativa se amplió la escolaridad en las escuelas públicas, alcanzando en la actualidad a más del 70% de los chicos en edad escolar y en materia de salud se pusieron en marcha programas que ampliaron la asistencia a este grupo etario.
Son apenas algunos ejemplos de la diversidad de políticas que han mejorado el acompañamiento del Estado.
Sin embargo, todas estas acciones son claramente insuficientes si no se logra bajar los niveles de pobreza y se le pone un freno a la conculcación de derechos que, aunque protegidos por leyes, se siguen vulnerando. Para alertar sobre esta realidad angustiante, defensores y defensoras de derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación y de las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero, emitieron un documento dirigido a los candidatos presidenciales en el que pidieron “avanzar en la identificación y resolución de los temas cruciales que vulneran los derechos de infancias y adolescencias, ratificados por nuestro país en la Convención sobre los Derechos del Niño y garantizados en nuestro cuerpo normativo, destacando la necesidad de bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales”.
Es de esperar que el llamado de los funcionarios sea atendido por el gobierno que asuma en menos de un mes, en el entendimiento que no hay futuro en la Argentina con la infancia y la adolescencia con los derechos vulnerados.
