Inverosímil. según los registros de un técnico, Edgar Bacchiani debería más de 1.000 millones de dólares.
Calculadas al tipo de cambio oficial, en marzo de este año las deudas de Edgar Adhemar Bacchiani con una cartera de 8.035 clientes, entre dólares, pesos y criptomonedas, ascendían a 584 millones de dólares solo por los capitales depositados. Si se suman los intereses proyectados, la cifra se va a más de 1.073 millones de la divisa.
Las fantásticas cifras surgieron del testimonio que prestó durante 11 horas el técnico informático Gustavo Chazarreta, a quien Bacchiani encomendó a tarea de ordenarle los compromisos cuando ya el ecosistema de las criptofinancieras había naufragado en la cesación de pagos, con su adorada Adhemar Capital como primera pieza caída en el dominó. El profesional dejó en el Juzgado Federal las copias de las planillas, luego de demostrar cómo había realizado el trabajo.
En tren de especulaciones, cubrir solo los capitales depositados en la empresa del “trader” demandaría cuatro presupuestos de la Municipalidad de la Capital, o seis del Poder Judicial, o 12 de la Legislatura; poco menos de un cuarto del Presupuesto de la Provincia.
Por supuesto, el análisis de Chazarreta no incluía discriminar en semejantes volúmenes depósitos en blanco y en negro, ni cuánto eran en realidad intereses reinvertidos en la cadena.
Se trata de asientos contables, pero lo estrafalario del monto marca el nivel del delirio que se apoderó de Catamarca, y debe considerarse que se trata de solo una de las firmas bajo investigación ¿A cuánto se elevarían los números si se incluye lo de RT Inversiones y el resto?
En un momento Bacchiani aseguró que con 50 millones de dólares que le facilitaría un amigo estaría en condiciones de abonarle a todos sus acreedores. Es menos del 10% de lo depositado de acuerdo a un cálculo encargado por el mismo.
Lo curioso es que un testimonio como el de Chazarreta se haya producido recién a nueve meses de iniciada la investigación y después de los meandros que atravesó el expediente embarbascado en las promesas de pago del “trader”.
La desmesura de los números impacta, pero están en poder del Juzgado Federal los nombres de más de 8 mil inversores que podrían ser la punta del ovillo para que el Juzgado Federal se interne en la investigación que le sugirió profundizar la Cámara Federal de Tucumán cuando sentenció que tenía que hacerse cargo de las estafas: el lavado de activos, para lo cual le requirió que insista con pedir la colaboración de la UIF y la PROCELAC, debido a lo tortuoso de las maniobras.
“Evidentemente existe una falta de tratamiento específico y profesional de la investigación, realizada por personas sin el debido conocimiento en operaciones de criptomonedas y sobre la complejidad de las operaciones financieras desplegadas, ya que el movimiento de fondos y la cantidad de inversores deja traducir cifras escandalosas, que implican una debida profundización y especialización de la investigación, por personal idóneo”, consideró el tribunal.
La lista también podría arrojar indicios sobre la enrevesada ruta de los fondos desde que si hicieron los primeros depósitos.
Los datos suministrados por Chazarreta impactan en plena descomposición de las lealtades en el clan Bacchiani, con su abogado Lucas Retamozo y su pareja –o expareja- Sofía Piña, detenidos y encartados como cómplices del descomunal fraude, en calidad de últimos desertores.
Por el flanco de la justicia Civil, Bacchiani pidió reconvertir la quiebra de su empresa en concurso preventivo.
El juez federal Miguel Contreras ordenó sobre el final del año una batería de medidas que incluye testimoniales, ampliaciones de indagatorias y requerimientos de informes a empresas, organismos públicos y entidades financieras.
Se trabajará durante la feria, de la retahíla de declaraciones seguramente surgirán nuevos episodios de la interminable saga.
Sigue sin respuesta, no obstante el testimonio de Chazarreta, una pregunta central: ¿a cuánto asciende el botín de las criptoestafas?
