Censura para proteger un modelo de negocios

Uno de esos estudios sobre el impacto de los agroquímicos –denominados en el trabajo como agrotóxicos, expresión que cada vez se generaliza más- sobre los cuerpos humanos fue desarrollada por la investigadora del INTA Virginia Aparicio. Se iba a presentar el pasado 21 de junio, con el propósito de dar a conocer con detalle los resultados del mapeo de materiales biológicos humanos en pueblos fumigados de la región sur de la provincia de Buenos Aires. Pero intempestivamente el director nacional del INTA, Carlos Alberto Parera, menos de una semana antes de la presentación, instruyó mediante nota a Aparicio que suspendiera la reunión de presentación del proyecto. El argumento fue que el mapeo biológico humano no era de la incumbencia del organismo.

Muchas organizaciones que vienen trabajando para denunciar el empleo abusivo de los agroquímicos consideraron, en cambio, que se trató de un acto de censura injustificado, pues el mapeo humano sobre los pueblos fumigados argentinos forma parte de una investigación que integra un proyecto institucional que involucra a un consorcio internacional de instituciones académicas y de investigación, entre ellos el propio INTA. Intuyen que la actitud de censura se vincula con un interés de evitar que esta información sensible sea dada a conocer, atentando contra un modelo de negocios peligroso y habitualmente protegido por el Estado, cualquiera sea el signo político del gobierno.

Algunos datos de la investigación trascendieron de todos modos. En muestras de orina, sangre y materia fecal se encontraron altas concentraciones de agroquímicos. En sangre se encontraron en el total de los participantes del estudio un rango de 2 a 10 agroquímicos. En orina el rango fue de 6 a 13 y en materia fecal de hasta 18 agroquímicos.