Valeria Graciana Páez dirigía una supuesta consultora minera que reclutaba socios para proyectos mineros y empleados a los que les pedía un “diezmo”. La mujer tiene antecedentes en Tinogasta.
Páez. Su situación judicial podría complicarse aún más.
Días atrás, la catamarqueña Valeria Graciana Páez fue detenida en la provincia de Salta, sospechada de haber cometido estafas por una cifra que ronda -por ahora- los 250 millones de pesos, de acuerdo con lo que detallaron fuentes judiciales. Pero no cayó sola. La misma suerte corrió su pareja, Carlos Báez.
Ambos están alojados en la Alcaidía de Salta. La Fiscalía los imputó por el delito de estafa. Aunque esta situación puede cambiar puesto que, con el avance de la investigación, podrían endilgarles la comisión de otros delitos. La próxima semana tendrán una audiencia clave en la que se definirá si continuarán detenidos o si podrán recuperar la libertad.
De acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, Páez tiene unas 33 denuncias en su contra. La pesquisa comenzó hace poco más de tres semanas. Según precisaron fuentes judiciales, Páez, quien se hacía pasar por ingeniera, habría dirigido una supuesta empresa consultora minera y desde allí se ejecutaban las maniobras fraudulentas.
Esa supuesta consultora ofrecía servicios específicos como estudios de suelo, obras y mantenimiento en la puna salteña. La investigación, que se está desarrollando en Salta, se originó por la denuncia de una abogada. La letrada había sido contratada para prestar servicios en la consultora. Fuentes judiciales señalaron que había dos engaños. Uno, para los potenciales socios de la consultora. El otro, para quienes aspiraban a trabajar en la empresa.
Con el primer ardid, se apuntaba a conseguir interesados en sumarse a un supuesto proyecto minero. A los potenciales socios, les mostraban planos de la zona en la que iban a intervenir, se constituían asociaciones legítimas en Personería Jurídica, les manifestaban que estaban en tratativas con una empresa minera productora y que habían accedido a la licitación de una obra.
En esa instancia, los potenciales socios se involucraban e invertían dinero para asociarse a ese supuesto proyecto minero, con la intención de obtener ingresos una vez que crezca la sociedad. Sin embargo, cuando el proyecto tenía que convertirse en un hecho real, Páez y la consultora dejaban de dar respuestas a esos potenciales socios.
Con el segundo ardid, se buscaba conseguir dinero a través de personas que aspiraban a trabajar en la consultora, pero prestando servicio en la mina que está ubicada en la puna salteña. En este caso, les ofrecían salarios que rondaban entre los 3 y 4 millones de pesos, pero a cambio les pedían la suma de 500 mil pesos. Supuestamente, ese dinero era para pagar una “multa”. Los interesados confiaban en esta propuesta y se esforzaban en conseguir esos 500 mil pesos para luego entregarlos y así poder acceder a un puesto de trabajo.
El 3 de octubre del año pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Catamarca dio a conocer que la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial imputó e indagó a Páez por múltiples maniobras de estafa que habrían tenido como víctimas a distintas personas, a quienes engañó simulando vínculos con empresas mineras y constructoras, así como con organismos públicos.
El ardid consistía en aparentar gestiones laborales o adjudicación de obras, solicitando importantes sumas de dinero bajo la excusa de cubrir gastos de trámites, impuestos, inscripciones societarias y certificaciones. Para generar confianza, incluso simulaba llamadas telefónicas, compartía comprobantes falsos y remitía documentación adulterada. Las maniobras de estafas vendrían desarrollándose desde el 2019, oportunidad en que la investigada habría convencido a tres personas de pagar 13.500 pesos en total con la promesa de ingresar a trabajar en una minera, lo que nunca ocurrió.
Posteriormente, se ganó la confianza de otra víctima con la propuesta de crear una empresa constructora para participar de la licitación de 70 cuadras de asfalto en Tinogasta. Con ese ardid le solicitó sumas millonarias en distintos momentos, logrando que transfiriera 11.410.000 millones de pesos en total. En otro caso, bajo la apariencia de gestionar la certificación ISO 9001 para una empresa, obtuvo 4.710.000 millones de pesos, sin cumplir con ninguna diligencia. Como parte de sus maniobras de estafa, la persona investigada se hizo entrevistar con el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, y difundió una foto de ese encuentro entre sus víctimas, sugiriendo un acuerdo para la adjudicación de una obra. Ante esto, el intendente se presentó espontáneamente en la Fiscalía para desligarse de la actividad delictiva.
En conjunto, las maniobras habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de más de 16 millones de pesos a las víctimas. En virtud de los elementos de prueba reunidos, la Fiscalía imputó a Páez por seis hechos, delitos de estafa simple y administración fraudulenta, atribuyéndole la autoría en todos los hechos, que habrían ocurrido en concurso real.
