El director provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, cuestionó aspectos de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
La Provincia de Catamarca analiza la posibilidad de no adherir a los cambios introducidos por el Gobierno nacional en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), al considerar que algunas de las modificaciones podrían afectar la seguridad vial y entrar en conflicto con la normativa vigente en el territorio provincial.
Así lo expresó el director provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, quien confirmó que se encuentra elaborando un dictamen técnico que será elevado a la Secretaría de Seguridad y posteriormente remitido a los organismos competentes para definir la postura oficial de Catamarca frente a la reforma impulsada por Nación.
La medida nacional fue reglamentada recientemente mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte y habilita la incorporación de nuevos talleres al sistema de revisiones técnicas a través de un registro digital nacional. Además, flexibiliza algunos requisitos y modifica aspectos vinculados a la periodicidad de los controles vehiculares.
Sin embargo, Leiva sostuvo que la situación de las provincias del interior difiere de la realidad planteada por el Gobierno nacional. "Ninguna provincia fue consultada previamente sobre esta modificación", señaló, al tiempo que recordó que Catamarca cuenta desde 2013 con un sistema propio regulado por el Decreto Provincial 2253, que permitió la instalación de un taller fijo en Sumalao y de una unidad móvil que recorre periódicamente los departamentos del interior.
Según explicó, el sistema actual fue diseñado para garantizar el acceso al servicio en localidades alejadas de la Capital, evitando que los propietarios de vehículos deban trasladarse largas distancias para cumplir con la revisión obligatoria.
El funcionario también cuestionó algunos aspectos de la reforma nacional, especialmente aquellos relacionados con la extensión de los plazos de control técnico. En ese sentido, consideró que las modificaciones "van en contra del espíritu de la Ley Nacional de Tránsito" y advirtió que flexibilizar las exigencias podría resultar contradictorio frente al estado de la infraestructura vial y a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad de los vehículos que circulan por las rutas.
Leiva explicó además que la habilitación de talleres no resulta un procedimiento sencillo, ya que exige infraestructura específica, equipamiento técnico homologado y la intervención de profesionales especializados. "No se trata de un taller mecánico común", remarcó.
La definición sobre una eventual adhesión o rechazo a la normativa nacional aún no está tomada. El director de Seguridad Vial aclaró que su postura forma parte de una evaluación técnica que deberá ser analizada por las autoridades provinciales y, eventualmente, por la Legislatura.
Mientras tanto, el tema será debatido la próxima semana en la Asamblea Plenaria del Consejo Federal de Seguridad Vial que se realizará en Mendoza, donde representantes de distintas provincias analizarán el alcance de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
La discusión sobre la RTO se instaló en todo el país luego de que Nación argumentara que la reforma busca generar mayor competencia y ampliar la oferta de prestadores. Sin embargo, desde varias jurisdicciones advierten que la realidad del interior requiere soluciones adaptadas a las particularidades de cada provincia y que cualquier modificación debe contemplar, ante todo, la seguridad vial de los usuarios.