El fiscal del Jury, Alejandro Dalla Lasta Baroni, presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento, a cargo del juicio político contra el fiscal de Instrucción Ezequiel Walther, su dictamen. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el fiscal Dalla Lasta consideró que hubo una conducta “indebida” e “inapropiada” por parte del funcionario del Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal de Enjuiciamiento es presidido por el presidente de la Corte de Justicia, Miguel Figueroa Vicario, e integrado por el senador Oscar Vera, las diputadas Cecilia Guerrero y Juana Fernández y los dos representantes del Colegio de Abogados, Pablo Federico Nicollini y Silvia Cabrera. Al respecto, el artículo 15 de la Ley 4247 de Enjuiciamiento a Magistrados y Miembros del Ministerio Público, previa vista fiscal, declarará por resolución fundada si corresponde el enjuiciamiento del acusado. El Tribunal a esos efectos podrá decretar todas las medidas para mejor proveer que crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
De acuerdo con la agenda en torno a este caso, en relación con la denuncia penal por el hurto de las herramientas, para mañana miércoles se espera la declaración de los dos cordobeses que realizaron la denuncia. En tanto que el viernes se volvería a reunir el Tribunal de Enjuiciamiento.
Respecto al dictamen del fiscal del Jury, se advirtió que la conducta reprochable “consistió en sacar elementos fuera de la esfera de la custodia de su propietario” para reubicarlos en un lugar de su propiedad -independientemente de que este accionar constituya o no un delito-. “En el caso concreto, no se encontraba obligado por las circunstancias a realizar dicho acto ni se vislumbraba seriamente que estos elementos se encontraran en peligro de ser sustraídos por terceras personas, máxime si existen cámaras de seguridad en dicho lugar. Circunstancia que era perfectamente conocida por el denunciado, según sus propios dichos”, detalló.
Para el fiscal Dalla Lasta, de conformidad con los principios rectores de legalidad y objetividad que deben regir esencialmente en la función que desempeña, están dadas las condiciones para manifestar que “la cuestión denunciada emerge que el hecho atribuido al fiscal puede revestir una gravedad inusitada, que repercute en la confianza social depositada en él mismo y que resulta incompatible con el buen servicio de Justicia. Circunstancia ésta que resulta -por sí sola- un escollo infranqueable como para archivar el presente legajo en esta instancia procesal. Es por ello que resulta imperioso para este representante de los intereses sociales llegar al debate público y oral a los fines de la producción de las pruebas ‘pertinentes y útiles’ para así arribar en definitiva al descubrimiento de la verdad del hecho puesto en conocimiento de este Tribunal, contribuyendo de esta manera a la transparencia de la función judicial y a la confianza en quienes la cumplen”.
En este sentido, el fiscal del Jury advirtió que la sociedad espera de los funcionarios judiciales “una conducta de excelencia”, tanto en su desempeño de la función como en su vida privada. Estas pautas se encuentran por encima del común denominador de las personas que no detentan un cargo público.
“Por tales circunstancias la idoneidad requerida debe ser integral y comprender distintos aspectos, incluso buenas costumbres. En definitiva, infiero que la conducta atribuida a quien representa los intereses sociales ha atentado contra la buena imagen que debe tener precisamente ante la sociedad el Poder Judicial. Dicha buena imagen está vinculada con la trascendente finalidad proclamada en el Preámbulo de nuestra Constitución de afianzar la Justicia, valor supremo de la convivencia social”, resaltó.