sábado 28 de enero de 2023

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Cara y Cruz

Caso Pachao: instancia clave

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Los golpes que le aplicaron en la Comisaría Séptima a Diego Pachao “fueron desencadenantes de la hemorragia en la zona subdural del hemisferio izquierdo no encapsulado del tipo agudo y la hemorragia del tronco cerebral manifestada a través de fuertes dolores de cabeza, vómito y fiebre que lo llevó a dormir y perder la capacidad de caminar, comenzando de esa manera el proceso de la descompensación progresiva de las funciones cerebrales más nobles hasta el punto de irreversibilidad y claudicación final, conforme informe de autopsia de los doctores Bulacios y Ramírez, que a la postre, con fecha 14 de marzo de 2012 a las 7.45, le ocasionó la muerte”.

Esta es la síntesis del planteo de la Fiscalía ante la Cámara Penal de Segunda Nominación para cambiar la carátula del juicio que se sigue por la muerte de Pachao de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público a tortura seguida de muerte. LO que desde hace diez años vienen reclamando el padre del adolescente, Telmo Pachao, que murió en 2017, y su madre, Claudia Véliz.

Diego tenía 20 años cuando fue detenido junto a su amigo Leonel González, el 12 de marzo de 2012. A su madre no le permitieron verlo en la Comisaría Séptima. Recién pudo hacerlo cuando lo sacaron en coma rumbo al Hospital San Juan Bautista, donde murió dos días después.

En un reportaje concedido en 2020 al programa “Siete y Medio”, de Multimedios Ancasti, Claudia Véliz recriminó entre lágrimas la intemperie a la que fue arrojada por el Estado luego de que altas autoridades del Gobierno catamarqueño le prometieran justicia y apoyo.

En junio de 2020, la mujer había elevado una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole que intercediera. “En la comisaría se hicieron dueños de su vida. Once policías torturaron y finalmente asesinaron a mi hijo. Es un caso de impunidad del Poder Judicial en su totalidad. Solo mentiras y burlas recibimos, y promesas incumplidas”, reclamó.

Las defensas de los seis policías acusados se opusieron, obviamente, a la pretensión de los fiscales, que refleja lo que exigen los deudos de muchacho. Tendrán sus argumentos, pero los miembros de la Cámara Penal 2 están ante la posibilidad de enmendar las deficiencias del longevo expediente, que se alza como un paradigma de negación de justicia.

Entiéndase bien: no se trata de dictar sentencia de acuerdo al humor popular, ni de renegar del principio de inocencia. Es otra cosa.

El mero hecho de que en el transcurso del juicio hayan surgido elementos suficientes para que los fiscales empinen un planteo de cambio de carátula de tamaña magnitud habla de una instrucción defectuosa. Mucho más si se considera que la causa lleva más de una década circulando por tribunales, impermeable a la angustia de los familiares del muerto, y que en agosto del año pasado, cuando iba a hacerse el juicio, debió desglosarse por un grosero error procedimental.

El caso expone brutalmente, como pocos, la gravitación que tiene la disponibilidad de recursos para el acceso a un servicio de justicia digno, porque la humilde familia de Diego Pachao, exenta de conexiones sociales “prestigiosas” y palancas políticas, debió enfrentar prácticamente en soledad a la poderosa corporación policial bajo sospecha, que maniobró al amparo de los códigos de “omertá” de la policía brava y aprovechando sus múltiples canales de llegada al poder.

Si los jueces se allanan al pedido de los fiscales, les quedarán a las defensas de los policías implicados las vías recursivas en el laberinto judicial que los Pachao Véliz tuvieron que transitar huérfanos y en clara desventaja durante una década.

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