El director de la Caja sostuvo que el acuerdo permite acceder a financiamiento mediante descuentos voluntarios.
El director de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CAPRESCA), Hugo Aibar, defendió el convenio firmado con Centro Card S.A para la gestión del cobro de financiaciones a empleados públicos, luego de que el diputado Tiago Puente presentara un pedido de informes para conocer los alcances de la operatoria y el sistema de descuentos sobre los haberes.
El acuerdo establece que Centro Card otorga financiamiento mediante una tarjeta de crédito para la compra de bienes y servicios en comercios adheridos, mientras que CAPRESCA interviene en la cobranza de las cuotas a través de descuentos directos sobre los recibos de sueldo.
El convenio prevé una comisión del 2,5% para la Caja por la gestión de cobranza.
Aibar sostuvo que el mecanismo es voluntario y que cada descuento cuenta con autorización del trabajador. “Estos descuentos son 100% voluntarios. La gente ha decidido que se les descuente de sus recibos de haberes”, afirmó en declaraciones al programa Tiempo Real de El Ancasti Streaming.
Uno de los puntos centrales es el límite del 20% del salario para la afectación de haberes. Ese tope incluye la sumatoria de créditos, mutuales, embargos judiciales, cuotas alimentarias y otros descuentos. Además, el cálculo se realiza sobre el total de la financiación y no sobre pagos mínimos.
“Estos descuentos jamás, sumado a todos los demás descuentos que pueda tener un empleado en su recibo de haberes, deben superar el 20%. Por eso está en el convenio”, explicó Aibar.
También establece que las tasas de interés no podrán superar los límites fijados por la normativa vigente del Banco Central para emisores no financieros de tarjetas de crédito. Centro Card debe informar cualquier modificación de tasas con al menos cinco días hábiles de anticipación.
El acuerdo dispone que la tarjeta de crédito abonará a CAPRESCA una comisión equivalente al 2,5% de los montos efectivamente cobrados. La Caja puede descontar ese porcentaje antes de transferir los fondos a la empresa. Además, prevé la instalación de un módulo de “Recupero de Créditos”, que será de uso y propiedad de CAPRESCA, dentro de los seis meses posteriores a la firma del convenio.
El organismo provincial asume la gestión de la cobranza y la transferencia de los fondos retenidos. Centro Card, por su parte, debe remitir mensualmente información detallada de las financiaciones, incluyendo datos personales, montos de cuotas e importes retenidos, con consentimiento previo de los beneficiarios.
Cuestionamientos
El esquema fue puesto bajo la lupa a partir del pedido de informes presentado por el diputado Tiago Puente, quien solicitó precisiones sobre la legalidad del sistema de descuentos y el rol de CAPRESCA en la operatoria.
A lo denunciado por Puente, se sumó la exdiputada Silvana Carrizo, quien cuestionó el uso del sistema de descuentos sobre los haberes públicos y habló de un esquema de “privilegios para empresas amigas”. También pidió conocer el marco normativo que habilita la operatoria y los beneficios para cada parte.
“Si Centrocard está utilizando, a través de CAPRESCA, el sistema de descuentos sobre los haberes de los empleados públicos, el Gobierno tiene que responder preguntas muy simples: ¿qué norma y qué procedimiento autorizó esa operatoria?, ¿quién la aprobó?, ¿qué convenio se firmó y qué beneficios obtiene cada una de las partes?”, planteó.
Aibar rechazó las críticas y aseguró que el convenio no fue ocultado. También aclaró que no se trata del código histórico de descuentos de la Caja, sino de una operatoria diferenciada.
Tras las declaraciones de Aibar, Puente sostuvo que las explicaciones del funcionario no despejaron sus cuestionamientos. Por el contrario, afirmó que demostraron que “hubo un beneficio concreto a un grupo privado, y ha sido absolutamente adrede”, y cuestionó que no se haya convocado a otras financieras para participar de una operatoria similar.
En paralelo, la Caja avanza en el relanzamiento de sus líneas de créditos personales para empleados públicos, cuya implementación está prevista para septiembre, con montos aún en definición según la disponibilidad financiera del organismo. n