La secretaria del gremio que representa a los trabajadores de OSEP denunció, en el contexto de las medidas de fuerza que llevan adelante en reclamo de mejoras salariales, que la titular del organismo, que asumió hace poco más de tres meses, nombró a varios familiares. “Solo faltó el Boby”, ironizó la dirigente Luz Rondán.
María Fernanda Gómez, la directora de la obra social, respondió a esas acusaciones haciéndose cargo solo de la contratación de unos de sus hijos, pero aclaró que cobra “un monto mínimo” y que ese nombramiento se justificaba “porque se capacitó para crear la app OSEP MÓVIL, que es muy importante para acceder a distintos servicios de la obra social”.
Sería injusto cargar las tintas solo con la funcionaria mencionada, pues el nombramiento de familiares tiene una vastísima tradición en el Estado. Y cuando se habla de Estado debe interpretarse que se está aludiendo al Estado nacional, al provincial, a los municipios, a los organismos descentralizados y hasta a la universidad. En la Universidad Nacional de Catamarca, por ejemplo, a juzgar por lo señalado en reiteradas oportunidades por el gremio de APUNCA, hay familias enteras que han sido nombradas en los últimos años, en planta permanente y altas categorías, distorsionando la carrera administrativa, que debe ser ante todo ecuánime, basada en capacidades y no en acomodos.
Ciertamente, los familiares de funcionarios pueden tener capacidades y competencias suficientes como para realizar aportes eficaces en el ámbito de la administración pública y por supuesto también tienen derecho a acceder a puestos de bajo rango o también jerárquicos. El problema es cuando prevalecen criterios nepóticos por sobre los racionales, que se fundan, estos últimos, precisamente en las capacidades, el compromiso, la constancia, entre otros atributos.
Los familiares no son, además, los únicos beneficiados por estas canonjías. Aunque los lazos familiares son razones de peso para las prebendas laborales, también lo son los lazos políticos: con cargos, contratos, categorías y puntos índices se premian en todos los niveles y ámbitos públicos participaciones en campaña –por más escuetas que sean-, militancias partidarias y lealtades de todo tipo. Se generan, por estas concesiones inadmisibles, problemas varios. Se utilizan dineros del Estado, es decir, de toda la sociedad, para premiar adhesiones o favores políticos partidarios. Pero, además, se generan capas de empleados cuyas contribuciones al trabajo cotidiano son más bien escasas, salvo honrosas excepciones, generando gastos injustificados para las siempre escasas arcas públicas.
Estas prácticas de utilización de los fondos públicos para beneficio de parientes o militantes políticos no es defección moral que pueda atribuirse a un sector en particular, sino que es transversal a todo el arco político. La generalización, sin embargo, no es atenuante sino agravante, certificación cabal de una degradación moral que es preciso desterrar en la política y en el manejo administrativo del sector público.